El expediente judicial por el robo del teléfono celular del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tomó un giro inesperado esta semana, luego de que la única persona detenida por el hecho brindara una nueva versión de los acontecimientos ante el fiscal Fabián Assad. El episodio, que ocurrió el 18 de junio durante una actividad institucional en el municipio de La Cocha, parecía resuelto, pero la reciente declaración reabrió interrogantes que podrían modificar el curso de la investigación.
La mujer arrestada —privada de su libertad desde el día siguiente al robo— aseguró ante el Ministerio Público que no fue ella quien hurtó el dispositivo móvil del mandatario. Según su relato, el aparato le fue entregado por un hombre al que identificó como fotógrafo, presuntamente vinculado a la organización del evento, y que habría sido captado en una imagen del acto oficial. La detenida no ofreció detalles sobre las circunstancias de dicha entrega ni explicó si se trató de un acto intencional por parte del fotógrafo. Esta nueva hipótesis está siendo evaluada por la Fiscalía del Centro Judicial de Concepción, la cual ahora investiga si hubo intervención de un tercero, lo que podría modificar la situación procesal de la mujer y expandir el marco de responsabilidades.
El robo tuvo lugar mientras Jaldo saludaba a vecinos de las seis comunas del departamento, tras descender del escenario en el marco del evento oficial. Fue al dirigirse hacia su camioneta cuando notó la ausencia del celular, que hasta ese momento llevaba en el saco. La reacción del equipo de seguridad fue inmediata: comenzaron a revisar las grabaciones del acto y en una de las tomas detectaron la presencia de una mujer con actitud inusual. Tras ser reconocida por dirigentes locales, la sospechosa fue localizada rápidamente en su domicilio en Los Pizarro, a unos siete kilómetros de La Cocha.
Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron no solo el teléfono del gobernador, sino también una notebook, un segundo celular y tres pendrives, los cuales fueron secuestrados como elementos de prueba. En su primera declaración, la acusada había afirmado que tomó el dispositivo por equivocación, creyendo que era suyo, y que luego, al descubrir que tenía dos celulares, optó por dejar uno sobre su mesa de luz esperando que alguien lo reclamara. “Esperando”, fue la palabra que utilizó, aunque nunca intentó comunicarse con las autoridades ni devolver el equipo, lo que fue interpretado por la Justicia como un indicio en su contra.
Ahora, en una ampliación de su declaración, cambió radicalmente su relato. Afirmó que fue un fotógrafo, que participó del evento, quien le entregó el celular. Según dijo, logró identificarlo gracias a una imagen captada durante la actividad oficial. Las autoridades judiciales, sin embargo, no han confirmado si proporcionó un nombre concreto ni si ese presunto implicado ha sido citado o localizado hasta el momento.
Esta nueva versión plantea la posibilidad de que haya otra persona involucrada en el hecho, aunque los investigadores subrayan que esto no exime automáticamente a la mujer, ya que el teléfono fue hallado en su poder y no hay registros de un intento de devolución. “El hallazgo del celular en su domicilio sigue siendo un elemento clave en su contra”, señalaron fuentes judiciales.
El robo ocurrió en un contexto político complejo. Apenas diez días antes del incidente, el gobernador Jaldo había decidido intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi, generando una fuerte tensión en la región. Al principio, circularon versiones que vinculaban a la detenida con sectores del oficialismo local de Alberdi, aunque hasta el momento no se encontraron antecedentes penales en su contra. En esa ciudad se investiga una presunta red de delitos que involucra a exfuncionarios, empresarios y vínculos con el narcotráfico, detonada por la filtración de un audio entre el exintendente Luis Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez. En ese marco, el robo fue percibido dentro del círculo gubernamental como una señal de advertencia, lo que motivó el refuerzo de la seguridad del gobernador.
Por el momento, el fiscal Assad continuará a cargo del expediente, que se mantiene abierto. Entre las próximas medidas se contemplan pericias sobre nuevas imágenes del evento, análisis del trayecto posterior al robo y la verificación de la identidad del supuesto fotógrafo involucrado. La Justicia, sin embargo, mantiene cautela ante la nueva declaración, mientras analiza si existen elementos concretos que permitan sustentar la versión de la detenida.
Lo que inicialmente parecía un hecho aislado —un robo ocurrido en un evento público— ahora se ha complejizado, entrelazando aristas políticas, judiciales y sociales que mantienen en vilo tanto a la comunidad local como a las autoridades provinciales. El expediente sigue avanzando con nuevas líneas de investigación y, por el momento, la prisión preventiva de la acusada continúa vigente.