Revés judicial para José Florentín, exfutbolista de Vélez acusado de abuso en Tucumán

José Florentín, uno de los exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán, recibió un duro revés judicial. La jueza Eliana Gómez Moreira rechazó este jueves una solicitud del mediocampista paraguayo para regresar a su país natal y firmar un contrato con el Club Guaraní.

Franco Venditti, abogado de la joven que denunció a Florentín y a sus excompañeros Braian Cufré, Abel Osorio, y también involucró al arquero Sebastián Sosa, explicó que la jueza tomó esta decisión debido al riesgo de fuga. «El coimputado (Florentín) había solicitado autorización para salir del país para desempeñarse en un club deportivo en Paraguay. Básicamente, su abogado argumentaba que quería retomar su carrera deportiva. Nosotros, junto con la abogada Patricia Neme, entendemos que la gravedad del hecho investigado y la cantidad de pruebas recopiladas hacen imprudente autorizar su salida del país a una jurisdicción extranjera donde sería difícil tenerlo disponible para la Justicia», afirmó Venditti.

Florentín estuvo bajo arresto domiciliario desde marzo hasta junio, cuando se le otorgó la libertad con condiciones. Puede jugar en cualquier club o asociación deportiva dentro de Argentina, siempre y cuando cumpla con la obligación de presentarse mensualmente en la comisaría de su domicilio y en la sede del Ministerio Público Fiscal. Además, tiene prohibido salir del país sin autorización.

El abogado también mencionó que la propuesta del Club Guaraní fue la primera oferta que Florentín recibió desde que recuperó su libertad. Sin embargo, Venditti cuestionó la afirmación de que no pudo encontrar un equipo en Argentina debido a la causa en su contra, citando el caso de Sebastián Sosa, otro imputado que logró integrarse en un equipo deportivo local.

La jueza Gómez Moreira, tras considerar los argumentos de todas las partes, decidió no autorizar la salida del país de Florentín. Durante la audiencia, Florentín expresó su angustia y pidió que se respetara su derecho a trabajar.

Venditti destacó la importancia de este caso para la víctima, quien aún no puede retomar su carrera debido a las secuelas traumáticas del delito. Señaló que la investigación, por normativa procesal, no debería extenderse más allá de mediados de septiembre, cuando se cumplirán seis meses desde su inicio el 20 de marzo, y se espera que el caso sea elevado a juicio en ese momento.

Entre las pruebas pendientes se encuentra la elaboración de informes finales, especialmente una pericia de ADN sobre el material genético recolectado en el lugar del crimen, la cual es crucial para la acusación. Según el testimonio de la víctima en Cámara Gesell, se puede descartar que el material genético corresponda a sangre menstrual, concluyó Venditti.