En las cercanías de la Casa Histórica, una mañana cargada de tensión tuvo lugar cuando comerciantes de libros usados denunciaron que sus mercancías fueron secuestradas por empleados municipales durante la visita del presidente Javier Milei para relanzar el Pacto de Mayo, programado para el 9 de julio en Tucumán.
Alberto Aguirre, de la comisión de la Feria de Libros, expresó en Buen Día su indignación ante lo ocurrido. Según su relato, se encontraron con empleados municipales y de la PPC (Protección del Patrimonio Cultural) rompiendo candados de quioscos y cargando libros en un camión sin autorización ni documentación oficial que respaldara la acción.
Aguirre detalló que el operativo involucró a empleados municipales y a individuos que se identificaron como responsables municipales, quienes procedieron a confiscar los libros sin presentar ninguna orden o papel que justificara sus acciones. Los comerciantes, con más de tres décadas de presencia en la zona, ahora buscan justicia legalmente, denunciando el atropello a sus propiedades privadas.
El conflicto se agrava con la denuncia de daños materiales, incluyendo la destrucción de un ventilador y otros desperfectos durante el operativo. Aguirre subrayó que su presencia en el lugar está avalada por autorizaciones previas otorgadas por la intervención provincial, en reconocimiento a la importancia cultural de la feria que han mantenido por más de 32 años.
En respuesta, Carolina Oliver, subsecretaria de Relaciones Institucionales del municipio, negó las acusaciones de desalojo y explicó que el operativo formaba parte de un plan para revitalizar la zona junto a la Casa Histórica y la plaza de los Congresales. Según Oliver, el objetivo era mejorar las condiciones laborales de los feriantes y libreros, así como rehabilitar el espacio para hacerlo más atractivo tanto para residentes como para visitantes.
Oliver aclaró que el proceso incluía un empadronamiento de los comerciantes y artesanos que operan en la zona desde hace dos meses. Según su versión, solo tres libreros estaban registrados legalmente para operar, mientras que los demás puestos eran abandonados y presentaban mal estado, acumulando materiales en desuso y basura.
La subsecretaria insistió en que el retiro de libros se hizo de aquellos en mal estado, expuestos a la intemperie y considerados como desechos. Afirmó que ningún bien privado fue vulnerado y que los comerciantes pueden reclamar cualquier propiedad que consideren suya y de valor.
En contraste con la perspectiva de los feriantes, quienes se sienten perjudicados y maltratados en sus derechos, Oliver defendió la intervención como necesaria para restaurar la seguridad y dignidad del espacio público. Destacó la apertura del proceso de empadronamiento para regularizar la situación de todos los interesados y asegurar la legalidad y calidad de las actividades comerciales en la zona.
El conflicto refleja visiones opuestas sobre la gestión del espacio público y los derechos de los comerciantes, evidenciando la complejidad de balancear el ordenamiento urbano con los intereses de quienes han trabajado en el área por décadas.
FOTO: ANA LÍA JARAMILLO