Manuel Adorni, vocero presidencial, declaró que las organizaciones de la Unidad Piquetera que se movilizan tienen como motivo el temor a perder el negocio de intermediación en los planes sociales. Hasta el momento, se han registrado 8,900 denuncias en la línea 134 por supuestas amenazas relacionadas con la participación en la marcha. Adorni señaló que estas organizaciones actúan como intermediarios entre los beneficiarios y los planes sociales, citando el ejemplo del Polo Obrero, que maneja una caja de 5,461 millones de pesos.
Adorni recordó la declaración de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, sobre la metodología de que «el que corta no cobra» y la priorización de las asignaciones directas. El vocero informó que el protocolo de orden público de Patricia Bullrich se está desarrollando normalmente, con controles preventivos en estaciones de tren y accesos a la ciudad.
Se destacó la disponibilidad de la línea telefónica 134 para denuncias, dirigida a aquellos que consideren estar siendo extorsionados para participar en la marcha, amenazándolos con la pérdida de beneficios. Adorni mencionó diversas formas de amenazas, desde no permitir el acceso a merenderos hasta aplicar multas o reducir el plan social.
Hasta las 10 de la mañana de ese miércoles, se habían recibido 8,900 denuncias, proporcionando datos relevantes para asignar responsabilidades penales. Además, se confirmó que el Poder Ejecutivo convocará sesiones extraordinarias al Congreso Nacional en los próximos días.
Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) rechazaron las «amenazas» para participar en la marcha, destacando que la extorsión es un delito. La diputada nacional Carolina Píparo y el legislador porteño Ramiro Marra expresaron su preocupación por las amenazas recibidas y abogaron por poner fin a la explotación de los más vulnerables con fines políticos. Píparo enfatizó la compatibilidad entre el derecho a la protesta y la circulación con reglas claras, mientras que Marra afirmó que «se les acabó la joda».