Aunque la situación del periodista de Canal 8, Sergio González, ha sido expuesta públicamente y tanto la Justicia como el Ministerio de Seguridad están al tanto, las amenazas y agresiones contra su familia persisten, llevando a González a considerar seriamente la posibilidad de trasladar a sus seres queridos.

Los atacantes residen a escasos 15 metros de la residencia de la familia González en Tafí Viejo y, según se cree, se dedican a actividades delictivas. Culpan a la familia de ser instigadores de allanamientos y cualquier acción llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en la zona.

Gustavo Carlino, abogado de González, relató que a pesar de las medidas tomadas por la Policía, con más de 8 personas aprehendidas, el accionar de los agresores se intensificó. Durante una entrevista en FM Latucumana 95.9, Carlino describió una escalada sin fin de violencia, incluso durante un procedimiento policial, donde los atacantes profirieron amenazas de violencia sexual y muerte frente a la policía.

Ante la situación, tanto el jefe como el subjefe de Policía se involucraron, ordenando controles diarios para capturar a aquellos vinculados con el delito. Sin embargo, Carlino expresó que estas medidas son paliativas y temporales, ya que la custodia permanente no es viable.

En un tono preocupado, el abogado señaló el estado emocional y moral quebrantado de Sergio González, quien se ve impedido de realizar tareas cotidianas, como comprar pan, debido a las constantes agresiones verbales y lanzamiento de piedras. Ante esta situación, Carlino aconseja seriamente a González considerar la posibilidad de mudarse con su familia.

Las denuncias y presentaciones realizadas por el abogado no han logrado disuadir a los agresores, quienes, según él, han redoblado sus acciones. Las personas aprehendidas recientemente fueron todas señaladas y denunciadas por González, con detalles precisos de domicilio, nombre y alias.

Carlino describió la organización de los agresores, destacando su capacidad para reunir un grupo numeroso en cuestión de minutos, asignando roles específicos a cada miembro, incluso utilizando a menores que son inimputables. La acusación hacia González y su hermana, quien trabaja en el centro de monitoreo, persiste incluso cuando son detenidos por actividades delictivas.

En última instancia, el abogado concluyó que el diálogo con estos agresores es prácticamente imposible, creando una situación que parece no tener una resolución positiva.