El representante del Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña, junto con la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Carmen Chena, ha solicitado al Tribunal Oral de Tucumán el decomiso sin condena de diez propiedades, diecisiete vehículos y dos embarcaciones pertenecientes a Rubén Eduardo Ale. Este individuo había sido condenado en 2017 por su participación en una organización dedicada al lavado de activos vinculados al narcotráfico y la trata de personas.
La petición tiene como objetivo poner estos bienes a disposición del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, conforme a lo establecido por la ley 27.508. La condena previa de Ale, emitida por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en diciembre de 2017, incluyó la pena de prisión y una multa de ocho millones de pesos, así como el decomiso de sus bienes y los de otras personas condenadas.
El fallecimiento de Ale en junio pasado antes de que la sentencia quedara firme llevó al fiscal Camuña y a la titular de la DGRADB a solicitar el decomiso sin condena de los bienes del difunto, seguido por su sobreseimiento debido a la extinción de la acción penal por su fallecimiento.
En su presentación, Camuña y Chena explicaron que la sentencia que autoriza el decomiso sin condena de un bien por tener origen ilícito es simplemente declarativa, ya que el titular del derecho de propiedad nunca lo fue en realidad debido a que su titularidad estaba viciada desde el principio. Destacaron que el dominio no se pierde por la sentencia judicial, sino como resultado de causales específicas. La presentación también hizo referencia al precedente «Heffner» de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que sostiene que el procesamiento firme en las actuaciones proporciona un grado suficiente de verosimilitud o probabilidad, reforzado por el análisis detallado de la prueba y los bienes realizado por la jueza federal.
En cuanto al destino de los bienes decomisados, Camuña y Chena solicitaron que se pongan a disposición del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, señalando que los activos de origen ilícito introducidos gradualmente en el mercado a lo largo de los años fueron generados por delitos de trata y explotación económica de la prostitución, actividades lideradas por Ale y su hermano Adolfo Ángel desde al menos 2001.