El representante del Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña, junto con la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Carmen Chena, ha solicitado al Tribunal Oral de Tucumán el decomiso sin condena de diez propiedades, diecisiete vehículos y dos embarcaciones pertenecientes a Rubén Eduardo Ale. Este individuo había sido condenado en 2017 por su participación en una organización dedicada al lavado de activos vinculados al narcotráfico y la trata de personas.
La petición tiene como objetivo poner estos bienes a disposición del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, conforme a lo establecido por la ley 27.508. La condena previa de Ale, emitida por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en diciembre de 2017, incluyó la pena de prisión y una multa de ocho millones de pesos, así como el decomiso de sus bienes y los de otras personas condenadas.
El fallecimiento de Ale en junio pasado antes de que la sentencia quedara firme llevó al fiscal Camuña y a la titular de la DGRADB a solicitar el decomiso sin condena de los bienes del difunto, seguido por su sobreseimiento debido a la extinción de la acción penal por su fallecimiento.
En cuanto al destino de los bienes decomisados, Camuña y Chena solicitaron que se pongan a disposición del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, señalando que los activos de origen ilícito introducidos gradualmente en el mercado a lo largo de los años fueron generados por delitos de trata y explotación económica de la prostitución, actividades lideradas por Ale y su hermano Adolfo Ángel desde al menos 2001.
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