En el transcurso de la jornada del jueves, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, bajo la dirección de Mariana Rivadeneira, requirió una audiencia para formalizar acusaciones contra una estudiante de 18 años. La imputación se basa en dos casos de amenazas públicas dirigidas a la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués en San Miguel de Tucumán. Los incidentes ocurrieron el pasado 7 de agosto. La Fiscal destacó las pruebas que vinculan a la joven con los mensajes amenazantes y su intento de ocultar su participación al falsificar una denuncia de robo de su teléfono celular.
Mariana Rivadeneira explicó que existe una conexión directa entre la alumna y la línea telefónica desde la cual se enviaron las amenazas. Además, subrayó la importancia de considerar los costos relacionados con la evacuación de la institución educativa y pidió la prisión preventiva por dos meses, así como un embargo de $3.000.000 durante el período de investigación. La Fiscal resaltó que esta medida no afecta la educación virtual y enfatizó que no se vulneran derechos fundamentales.
La joven, en su defensa, alegó que había cambiado su número hace seis meses y que había prestado su tarjeta SIM a un amigo, quien también era estudiante de la escuela. Es crucial señalar que la jueza a cargo del caso accedió a las solicitudes presentadas por la Fiscalía y decretó la prisión preventiva y el embargo. La imputada deberá comparecer en la guardia de tribunales dentro de un plazo de dos horas.
Por otro lado, el jueves 31 de agosto se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación sobre un caso de amenaza de bomba en el Colegio Nacional. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos I, dirigida por Mariana Rivadeneira, presentó las acusaciones correspondientes. La imputada, madre de estudiantes en la misma escuela, habría efectuado la llamada amenazante desde su línea telefónica. La jueza a cargo del caso decretó la prisión preventiva por dos meses y la inhibición de bienes, en consonancia con la solicitud de la Fiscalía.
Además, en el contexto de las investigaciones por estos delitos, una mujer de 60 años y un hombre de 46 años enfrentan cargos como coautores por una amenaza pública ocurrida el 1 de agosto en el Colegio San Francisco/Padre Roque Correa. Julieta Molé, auxiliar de fiscal, presentó la acusación basada en la coordinación de ambos imputados para generar temor público a través de correos electrónicos falsos. Se busca la prisión preventiva por dos meses, destacando la conexión IP vinculada a las direcciones de los acusados y su falta de respeto por las leyes y protocolos. Además, se busca la reparación del daño mediante la inhibición de bienes por la suma de $3.000.000 para cada imputado.
En última instancia, el juez a cargo estuvo de acuerdo en parte con la Fiscalía, ordenando la prisión preventiva por 29 días y el traslado de los acusados a establecimientos penitenciarios específicos.