El conflicto en el transporte público en Tucumán se ha intensificado nuevamente. Los empresarios han decidido reducir la cantidad de personal debido a la disminución de servicios, lo que ha llevado al gremio de UTA, encabezado por César González, a convocar a un paro en las 14 líneas de colectivos urbanas de la capital. La protesta se implementará de manera sorpresiva, sin un horario definido, y solo se levantará cuando los 200 trabajadores despedidos sean reincorporados. «La medida está decretada, una vez que paremos, se sostendrá hasta tanto vuelvan a ser reincorporados los 200 compañeros. Si no, no se levanta», afirmó González, refiriéndose a las cesantías realizadas por las empresas agrupadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).
Inicialmente, esta medida no afectará los servicios interurbanos y metropolitanos, ya que los despidos se concentran en trabajadores que operan dentro de la capital. Los empresarios, por su parte, han enviado cartas documento a los empleados despedidos, justificando la medida como una decisión tomada por «razones de fuerza mayor». Sin embargo, desde UTA sostienen que los despidos no tienen justificación, por lo que acudirán este miércoles a la Secretaría de Trabajo de la Provincia para exigir la reincorporación de todos los empleados afectados. Si no obtienen una respuesta favorable, el sindicato iniciará una huelga indefinida.
A partir del miércoles, el servicio de colectivos en la capital ya estará afectado por la reducción del 40% en las frecuencias, que había sido anunciada previamente por AETAT. Las líneas de la 1 a la 19 operarán como si fuera domingo o feriado, y en caso de concretarse el paro de UTA, estos servicios se suspenderán por completo.
Las perspectivas de una solución inmediata al conflicto no son alentadoras. A pesar de los esfuerzos del gremio por detener los despidos, los empresarios han tomado la decisión de manera conjunta. En un comunicado, AETAT expuso las razones que llevaron a esta medida, señalando la imposibilidad de cubrir los costos operativos y mencionando la falta de apoyo en políticas públicas de transporte. Particularmente, los empresarios apuntaron contra la gestión de la intendenta Rossana Chahla por tres problemas clave: la falta de regularización de las concesiones, la negativa a aportar subsidios municipales, y el rechazo a un aumento en la tarifa del boleto, que actualmente está fijada en $690.
El secretario de Gobierno de la capital, Martín Viola, confirmó que se está trabajando para agilizar los trámites de licitación de las concesiones, y subrayó que se buscará garantizar un servicio de calidad en la ciudad. Sin embargo, respecto al aumento del boleto, tanto Viola como Chahla han insistido en que se deben priorizar las necesidades de la población antes de considerar nuevas subas. Además, reafirmaron que el municipio no destinará fondos para subsidiar a las empresas de transporte, ya que los impuestos de los vecinos deben destinarse a cubrir servicios públicos esenciales como alumbrado, barrido y limpieza, y no a sostener a empresas privadas.
Viola también anticipó que se esperará hasta el regreso de la intendenta de su viaje oficial a Alemania para programar una reunión con las autoridades del Gobierno provincial, con el fin de buscar una solución al conflicto del transporte. Mientras tanto, el gobernador Jaldo ha instado a todas las partes a mantener el diálogo sin detener los servicios de colectivos, destacando que un paro afectaría gravemente actividades esenciales, como la educación. Jaldo recordó que la provincia ya aporta cerca de $3.000 millones en subsidios al transporte público de la capital y del interior, y advirtió que «la Provincia no puede más» en términos de asistencia económica.
En resumen, salvo que haya un cambio de último momento en el conflicto, el servicio de colectivos en la capital comenzará el miércoles con una reducción de recorridos y es probable que se inicie un paro indefinido en reclamo por los despidos de trabajadores.
Impacto de la medida
En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación de la Provincia indicó que las clases en las escuelas públicas se desarrollarán con normalidad, pero se justificará la inasistencia de aquellos estudiantes que vivan a más de 20 cuadras del establecimiento. En cuanto a las escuelas privadas, se recomienda consultar directamente con cada institución. Además, desde el sindicato SEOC, su secretario gremial Mario Neira señaló que el paro afectará significativamente a los trabajadores del comercio, ya que muchos de ellos realizan hasta cuatro viajes diarios en colectivo y dependen del presentismo para no perder bonificaciones de hasta $70.000 mensuales. A pesar de la gravedad del conflicto, Neira expresó su esperanza de que se llegue a una resolución que permita destrabar la situación.