Tres arrestados por la comercialización de artículos destinados a personas necesitadas, son puestos en libertad mientras la investigación continúa en curso

La Fiscal Mariana Rivadeneira continúa avanzando en la investigación sobre la venta ilegal de productos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social. Mientras tanto, la jueza encargada del caso ha decidido liberar a tres de los cuatro individuos que fueron detenidos poco después de que el asunto saliera a la luz pública.

La pesquisa se inició en enero, tras la denuncia del Ministro de Desarrollo Social Federico Masso sobre la comercialización indebida de la mercadería destinada a particulares y organizaciones no gubernamentales que operan comedores y merenderos. Esta situación fue corroborada por el fiscal de feria Ignacio López Bustos, quien obtuvo una orden judicial para realizar varios allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán.

Durante estos allanamientos, además de incautar alimentos, se detuvo a Hugo Adrián, Juan Ernesto Juárez e Ivana Vanesa Sánchez, todos acusados de encubrimiento y sujetos a prisión preventiva dictada por un juez. Sin embargo, tras una audiencia posterior, la auxiliar fiscal Mónica Torchán solicitó la liberación de los detenidos, argumentando que las investigaciones estaban completas y que no existía riesgo procesal. Esta solicitud fue aceptada por el abogado defensor Gustavo Morales y la jueza Elizabeth Raddi ordenó la liberación de los acusados, aunque permanecerán vinculados al proceso.

Por otro lado, Rosa Margarita Ibáñez, también acusada por el mismo delito, logró evitar la prisión preventiva gracias a su defensora Agustina Recalde. Sin embargo, Marcos Soria, quien fue asistido por Víctor Padilla, sigue bajo arresto domiciliario. Se espera que su situación pueda cambiar en los próximos días.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando el recorrido de los productos para identificar a los responsables, solicitando información a diversas fuentes. Se ha pedido al Ministerio de Desarrollo Social que detalle la cantidad de productos adquiridos y los pagos realizados entre marzo y diciembre de 2023. Asimismo, se ha requerido a la empresa Piedra de Hacha, contratada por el Gobierno para almacenar y distribuir los alimentos, que proporcione información detallada sobre los productos recibidos.

Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social deberán explicar quiénes eran los responsables de retirar la mercadería, datos que se compararán con la información proporcionada por Piedra de Hacha. Según las investigaciones, no había ningún control estatal en la entrega de los productos y no todos los beneficiarios rendían cuentas adecuadamente sobre la distribución de los mismos.

Se sospecha que personas no autorizadas, como Soria, quien retiraba alimentos a nombre de una asociación a la que no pertenecía, se apropiaban de la mercadería para venderla ilegalmente.