La Fundación Mujeres x Mujeres ha identificado nuevas prácticas en el sistema de salud de Tucumán que están obstaculizando el acceso a las interrupciones legales y voluntarias de embarazo (ILE e IVE). Como respuesta, la fundación ha presentado solicitudes de información pública en varias oficinas gubernamentales.
Estas prácticas involucran la inducción de partos en lugar de garantizar el acceso al aborto legal en casos de niñas o adolescentes que han quedado embarazadas como resultado de abuso sexual. Esto se descubrió tras conocer la existencia de certificados de «nacidos vivos de ILE» en la provincia, que luego se inscriben en el Sistema de Adopción local.
En el caso de una solicitud de ILE registrada en la historia clínica, se ha observado que se procede a inducir artificialmente el parto en lugar de llevar a cabo la interrupción legal del embarazo. Esto se hace en contra de la voluntad de las niñas y adolescentes. Se ha confirmado la existencia de al menos cinco casos de «nacidos vivos por ILE» anotados de esta manera, con una edad gestacional de alrededor de 26 semanas, lo que se acerca al umbral de la viabilidad fetal. Estos bebés requieren meses de cuidados en la unidad de Neonatología y pueden presentar condiciones graves como la parálisis cerebral infantil, entre otras. Luego, se les registra en el Sistema de Adopción de la provincia.
La Fundación MxM ha presentado solicitudes de información pública al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de Tucumán para obtener detalles sobre el personal involucrado en la inducción al parto, las razones para negar la ILE y si se han iniciado acciones legales o disciplinarias contra los profesionales responsables. Negar un aborto legal se considera un delito, y también se interpreta como una violación de la libertad reproductiva.
La Defensora Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, ha confirmado la existencia de esta práctica en diferentes partes del país y está elaborando un informe sobre los obstáculos en la realización de la ILE en el último año. Se enfatiza el derecho de las niñas a ser escuchadas y a recibir la interrupción del embarazo que deseen.
Además, se ha expresado rechazo a la etiqueta de «nacidos vivos de ILE», ya que no se utiliza una categorización similar en los certificados de nacimiento de otros niños. Esto se considera cruel.
La Fundación MxM también ha solicitado información pública a la Superintendencia de Seguros de Salud a nivel nacional, la cual supervisa el acceso a la IVE/ILE por parte de las obras sociales y prepagas. La entidad niega la existencia de normativas que requieran esta notificación. La privacidad es un derecho fundamental en la atención médica según la ley 27.610 de IVE/ILE.
Se ha detectado otra estrategia para obstaculizar la ILE/IVE, que consiste en designar profesionales «objetores de conciencia» en hospitales maternos. Esta práctica se ha observado en el Hospital del Este, donde el director Gerardo Murga se ha declarado objetor de conciencia.
Además, se ha señalado que el capellán de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, Enzo Daniel Romero, usa un delantal blanco como el de los médicos, lo que forma parte de un conjunto de prácticas orquestadas por actores estratégicos para dificultar las interrupciones legales de embarazo en la provincia.