Luego de que se difundiera un informe que revela que más de 550.000 habitantes de Tucumán, es decir, uno de cada tres tucumanos, dependen de la asistencia alimentaria proporcionada por el Estado, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se refirió a la realidad que atraviesa la provincia. En diálogo con el diario La Gaceta, enfatizó que aunque se hable de «destruir el Estado», este es en realidad el único mecanismo que garantiza igualdad de oportunidades para la población.
Masso explicó que desde octubre de 2023, la administración provincial implementó un ambicioso plan no solo para ampliar la cobertura de la asistencia alimentaria, sino también para mejorar la calidad nutricional de los alimentos destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. Señaló que se abandonó un esquema centrado principalmente en carbohidratos para volver a incorporar proteínas de calidad en la dieta de los beneficiarios. Actualmente, más de 304.000 estudiantes reciben alimentos en las escuelas, que cuentan con menús más equilibrados y saludables. Esta mejora también se extiende a las cocinas comunitarias y centros infantiles, donde se brinda alimentación adecuada.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de cualquier aporte económico por parte de las personas que retiran alimentos en las cocinas comunitarias. Desde diciembre de 2023, el gobierno provincial asumió la totalidad del costo de los alimentos frescos y no perecederos para garantizar que nadie tenga que pagar por su plato de comida, reconociendo la fuerte caída en el poder adquisitivo de las familias.
Además, Masso destacó el fortalecimiento de otros programas sociales, como el que beneficia a personas con celiaquía. El padrón de beneficiarios de este plan creció de 1.070 a 1.244, quienes reciben un aporte mensual de 70.000 pesos, suma destinada a la compra de productos sin TACC (libres de gluten).
El ministro resaltó que Tucumán ha tenido que rediseñar y sostener sus políticas alimentarias sin el respaldo del gobierno nacional. «La Nación se ha desentendido de este tema», afirmó, y explicó que desde octubre la provincia viene financiando estas ayudas con recursos propios, en colaboración con organizaciones civiles y mejorando los programas colectivos. Pese a la reducción en la coparticipación federal y la caída del consumo, aseguró que los fondos están garantizados hasta fin de año.
Consultado sobre la situación de los adultos mayores, reconoció que el panorama es complicado. Informó que actualmente el 20% de quienes reciben asistencia en cocinas comunitarias son personas mayores. Por ello, se habilitó que los comedores los incluyan en sus beneficios, ya que no pueden quedar excluidos de la asistencia alimentaria. Además, adelantó que se está trabajando en una política específica para este grupo, en coordinación con centros de jubilados.
En cuanto a la sostenibilidad de este sistema, el funcionario fue contundente: «Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, y que 550.000 tucumanos dependan del Estado para alimentarse refleja una falla estructural del sistema». Señaló que esta situación abre un debate profundo sobre el modelo de país que se desea construir.
Por ello, criticó a quienes impulsan la reducción del Estado, argumentando que, en momentos de crisis económica, recesión y caída del trabajo informal (que se ha reducido en un 70%), el Estado debe estar más presente que nunca, especialmente en provincias que carecen de ingresos por regalías mineras o petroleras.
Finalmente, Masso subrayó el impacto económico positivo que tienen las políticas alimentarias provinciales. Mencionó la tarjeta Alimentar Independencia, que beneficia a más de 109.000 familias con un monto mensual de 40.000 pesos y ofrece un descuento del 10% en comercios adheridos. Según detalló, estos programas implican una inversión superior a 4.200 millones de pesos que no solo mejoran la alimentación de los beneficiarios, sino que también dinamizan el comercio local de alimentos, generando un efecto multiplicador en la economía regional.