El incidente que ocurrió en la Comisaría 1° resultó en una situación extremadamente absurda. El comisionado del Comité contra la Tortura, Korstanje, se encontró con una negativa por parte del policía Molina para permitirle el ingreso y, además, Molina se negó a firmar un acta que registrara su negativa. Ante esta situación, y siguiendo los protocolos para prevenir torturas, Korstanje decidió permanecer en el vestíbulo principal de la comisaría.
Más tarde, otro oficial no identificado se le acercó y le pidió que abandonara el lugar. Korstanje, al solicitar la identificación del oficial y al tomar una foto con su celular, fue agredido por este, quien le propinó un golpe en la cara, lo empujó y lo amenazó con más violencia, incluyendo una amenaza de agresión sexual. Este oficial, identificado como «un tal Artero», no estaba debidamente acreditado.
Korstanje, junto con el abogado Carlos Garmendia, presentó una denuncia formal sobre el incidente, que también involucró a Molina. La Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del Centro Judicial Capital está llevando a cabo la investigación. Además, dos comisionados del mecanismo local también firmaron la denuncia.
El comisionado había visitado otras comisarías antes de ir a la Comisaría 1°, donde pretendía entrevistar a un detenido con problemas de salud mental y adicciones que había denunciado torturas. Cuando llegó, encontró que el lugar estaba siendo registrado por personal de Infantería. Korstanje se situó en un rincón para filmar, pero no pudo acceder a las celdas. A través de la puerta, escuchó la violencia del registro, que había sido descrita por los presos en sus relatos previos.
Korstanje enfatizó la gravedad de la agresión, señalando que si tales incidentes ocurren con alguien con autoridad para inspeccionar, el trato hacia los detenidos debe ser aún más preocupante. La agresión obstaculizó su capacidad para realizar su trabajo de prevención y defensa de los derechos humanos.
El CNPT y el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura informaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial y solicitaron una investigación disciplinaria. Estos organismos también pidieron una investigación penal y administrativa rápida y efectiva para imponer las sanciones correspondientes.
El CNPT y el Consejo Federal subrayaron que el ataque no solo agredió la integridad de Korstanje, sino que también intentó obstruir las funciones del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLP) en Tucumán. Los miembros del MLP están autorizados para inspeccionar lugares de detención y deben hacerlo bajo las leyes provinciales y nacionales, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Para evitar futuros incidentes, el CNPT y el Consejo Federal consideran urgente capacitar al personal policial sobre las funciones de los organismos de monitoreo y completar la integración y el presupuesto adecuado para el MLP en Tucumán. Un comunicado de solidaridad con Korstanje y la demanda de sanciones para el agresor fueron firmados por representantes de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura de varias provincias y la Procuración Penitenciaria de la Nación.