El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se encuentra en pleno proceso de elaboración de una nueva normativa destinada a regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber y DiDi. Esta iniciativa se enmarca dentro de una revisión más amplia de la ordenanza que actualmente rige el Sistema Único de Transporte Público de Automóviles (SUTRAPA), y tiene como finalidad incorporar un régimen específico para los vehículos particulares que prestan servicios mediante plataformas digitales.
La Comisión de Transporte, liderada por el concejal José Franco, es el organismo encargado de impulsar esta reforma normativa. Según explicó el edil, la incorporación de herramientas tecnológicas al sistema de transporte plantea un desafío complejo, ya que si bien representan un avance innegable, también generan tensiones en el ámbito laboral y de seguridad. En este sentido, Franco expresó su preocupación por el impacto negativo que, a su juicio, genera el funcionamiento desregulado de estas aplicaciones, al sostener que han provocado “caos” en diferentes partes del mundo debido a la falta de controles locales y a las condiciones de precariedad en las que trabajan muchos conductores. Para el concejal, es fundamental garantizar que quienes prestan estos servicios cuenten con un empleo digno y estable, así como asegurar la integridad de los pasajeros.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la propuesta de que el Concejo Deliberante tenga el control exclusivo sobre la fijación de las tarifas aplicables al servicio. Para Franco, resulta inadmisible que empresas multinacionales impongan unilateralmente los precios sin supervisión estatal, lo que podría derivar en tarifas excesivas o injustas. Por ello, se plantea establecer una franja tarifaria que determine los valores máximos y mínimos que las plataformas podrán aplicar, buscando un equilibrio que proteja tanto a los usuarios como a los choferes y que permita que el servicio pueda competir en condiciones razonables con el transporte público tradicional.
En lo que respecta a los seguros, Franco detalló que existe una dificultad adicional para exigir pólizas que cubran adecuadamente la actividad de transporte, en especial en el caso de las motocicletas. Señaló que son muy pocas las aseguradoras que ofrecen productos específicos para este tipo de servicio, lo cual representa un obstáculo para garantizar la protección de todos los involucrados. En este sentido, mencionó que un equipo de concejales se encuentra abocado a investigar distintas alternativas para lograr que las exigencias en materia de seguridad sean factibles y sostenibles para los prestadores.
Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, el proyecto contempla la incorporación de una tasa específica para las actividades económicas vinculadas al transporte por plataformas digitales. El concejal indicó que se está trabajando en conjunto con la Comisión de Hacienda y con técnicos del área económica municipal para definir los términos del tributo. Entre las opciones que se barajan, se encuentra la implementación del Tributo Económico Municipal (TEM), con una alícuota estimada entre el 1% y el 1,2%, lo cual —según Franco— no afectaría en gran medida los precios del servicio, pero permitiría formalizar esta actividad dentro del esquema impositivo local, otorgándole un trato equitativo en comparación con otros sectores económicos.
La Comisión de Transporte tiene previsto convocar en los próximos días a una reunión extraordinaria con el objetivo de afinar los detalles de la propuesta normativa. No se descarta la posibilidad de que, una vez consensuado el texto final, se convoque a una sesión especial del Concejo Deliberante para su tratamiento y eventual aprobación. De esta forma, San Miguel de Tucumán se prepara para ingresar en una nueva etapa regulatoria en materia de movilidad urbana, tratando de equilibrar innovación tecnológica, derechos laborales, seguridad vial y control institucional.