En una audiencia llevada a cabo el miércoles, la Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV presentó cargos contra un vendedor ambulante de 29 años, acusado de un robo ocurrido el lunes 10 de febrero en el barrio Pinar de Roca, ubicado en Las Talitas. La auxiliar de fiscal Natalia Carabajal, representando al titular Diego Hevia, imputó al acusado por el delito de robo en grado de tentativa, destacando la violencia del hecho y la vulnerabilidad de la víctima, una menor de 13 años.
El incidente ocurrió alrededor de las 22:15 horas, cuando el acusado, montado en una motocicleta de baja cilindrada, se acercó a la vereda de una vivienda en el mencionado barrio. Allí, arrebató bruscamente el teléfono celular de la adolescente, quien intentó resistirse colgándose del cuello del agresor. En su intento por huir, el hombre arrastró a la niña por la calle hasta que ella perdió el equilibrio y cayó de la moto. Los vecinos, alertados por los gritos de la menor, acudieron en su ayuda y la encontraron con escoriaciones en las rodillas y en estado de shock.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carabajal enfatizó la gravedad del hecho, señalando que la víctima era «triplemente vulnerable» por ser mujer, menor de edad y víctima de un acto violento. Además, resaltó que el delito se cometió durante la noche, mientras la joven se encontraba sentada en la vereda de su propia casa, un lugar que debería ser seguro. La representante del Ministerio Público Fiscal también mencionó que aún se espera realizar un informe antropométrico para comparar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad con las características físicas del acusado.
En su intervención, Carabajal solicitó la prisión preventiva del imputado por 20 días, argumentando que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación debido a la cercanía entre los domicilios del acusado y la víctima, así como el temor expresado por los familiares de la menor. La jueza actuante accedió parcialmente a la solicitud, ordenando la prisión preventiva por 15 días, con vencimiento el jueves 27 de febrero. Además, recomendó al Ministerio Fiscal que investigue los hechos ocurridos durante la aprehensión civil del acusado, ya que su motocicleta fue incendiada y recibió agresiones por parte de los vecinos antes de que la policía interviniera.
Este caso ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia del hecho, sino también por la vulnerabilidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió. La decisión de la jueza de imponer una medida cautelar refleja la gravedad de los cargos y la necesidad de proteger tanto a la víctima como a la integridad del proceso judicial. Mientras tanto, las investigaciones continúan para recopilar más pruebas y garantizar que se haga justicia.