En noviembre de 2024, la Justicia Federal inició una investigación sobre la Escuela de Enfermería de Aguilares, que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), tras una denuncia anónima que apuntaba a un grupo de docentes por presuntamente aprobar alumnos a cambio de dinero, regalos y favores sexuales.
Desde ese momento, la Fiscalía N°2, bajo la conducción del fiscal Agustín Chit, llevó adelante varios procedimientos. La pesquisa cobró mayor impulso con la presentación voluntaria del licenciado Luis Ángel Solorzano, profesor titular de la asignatura Practicantado en Enfermería II. Solorzano detectó irregularidades graves en las notas del primer parcial y su recuperación en diciembre de 2023, exámenes que estuvieron bajo la supervisión del profesor Ricardo Palavecino mientras este se encontraba de licencia médica. Al revisar las calificaciones, Solorzano advirtió que las notas oficiales no coincidían con las calificaciones reales de los estudiantes.
Además, el profesor entregó un pendrive que, según explicó, fue dejado por una persona desconocida en su cátedra. El contenido de este dispositivo es clave para la investigación, ya que incluye audios de llamadas telefónicas, capturas de conversaciones por WhatsApp y comprobantes de transferencias de dinero a billeteras virtuales.
Los registros más reveladores involucran a la alumna Paola Villagra, integrante del centro estudiantil, y al propio Palavecino, mostrando detalles del sistema de pagos de sobornos y favores sexuales a cambio de aprobar exámenes.
Casi un año después, Villagra decidió romper el silencio y contó: “Yo era quien actuaba por pedido de Palavecino. Hay varios alumnos que pagaban para obtener sus notas, y yo era quien cobraba. Llegué a recibir 60, 70 mil pesos, obsequios, perfumes”. También añadió: “Recibí de algunos alumnos dinero que se lo entregaba a él (Palavecino). Y en cuanto a lo sexual, bueno… las escuchas son muy explícitas: es su voz la que nombra a tal o cual estudiante. De su boca se escucha lo que pasó con cada estudiante. Pero yo no estuve en el lugar de los hechos”.
Villagra señaló que Palavecino “decía que había tenido relaciones con algunos compañeros y compañeras. También hay fotos explícitas. Esto a cambio de la nota, de la promoción en algunas materias, de poder llegar al final de la materia”.
Cuando le preguntaron por qué actuaba así, admitió: “Primero, no sabía que iba a llegar a tanto. Siempre fue el tema del trabajo: yo tengo otra causa y creía que no iba a poder ejercer mi profesión, y él (Palavecino) me decía que iba a ayudarme en el trabajo. Hasta que se nos fue de las manos. Muchos alumnos me llamaban y me explicaban que le pedía más dinero: ‘Me sigue pidiendo plata aunque ya le pagué’, me decían. Él era el que manejaba todo y no me hacía caso para parar”.
El fiscal Chit investiga que Palavecino habría “recibido dinero a cambio de adulterar las calificaciones de los alumnos” entre diciembre de 2023 y abril de 2024, con la posible ayuda de Villagra, quien habría servido como intermediaria entre los estudiantes que querían pagar para aprobar y el profesor.
De esta manera, los alumnos “le pagaban a Villagra, quien luego le transfería —ya sea mediante billeteras virtuales o en efectivo— el dinero a Palavecino para que modificara las notas antes de ingresarlas al sistema SIU Guaraní”.
En la investigación, se sostiene que Villagra “actuaba como recaudadora o valijera” para Palavecino. En una conversación telefónica a la que se tuvo acceso, la joven, ya recibida como enfermera, dijo claramente: “Los docentes cobran; si no es sexo, es plata”. Y en otra charla agregó: “Aquí, el que no te cobra la nota, te culi…”.
Villagra también comentó que “Palavecino veía la situación de algunos compañeros, y me indicaba a quiénes debía decirles cómo comunicarse para que el profesor les pusiera la nota”.
Un caso ilustrativo de esta presunta maniobra ocurrió la noche del 19 de diciembre de 2023, cuando la alumna Cintya Lugones, tras intercambiar mensajes telefónicos y WhatsApp con Villagra, transfirió $30.000 con el fin de que Palavecino modificara su calificación y así aprobara la materia.
Debido a estas sospechas sobre cohecho y falsificación ideológica, el fiscal Chit pidió al juez Díaz Vélez que procese a Palavecino, al considerar que recibía dinero y favores sexuales para subir las notas.
Asimismo, se solicitó procesar a Villagra, imputada por cohecho pasivo, por su papel como intermediaria en la recaudación de sobornos, y a la alumna Cintya Alejandra Lugones, imputada por cohecho activo, por supuestamente haber pagado para aprobar un parcial.