El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz resolvió declararse competente para investigar la llamada Causa Alberdi, uno de los escándalos judiciales más resonantes en la provincia de Tucumán en los últimos tiempos. Este paso podría marcar un giro decisivo en el rumbo del expediente: si el juez federal con jurisdicción sobre el caso valida esa decisión, la investigación quedaría en manos del fuero federal, desplazando así la intervención de la Justicia provincial.
El expediente tiene su origen en la difusión masiva de un audio comprometedor. En la grabación se escucha al empresario Roque “Chipi” Giménez mantener una conversación con el exintendente de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos. En el diálogo, ambos aluden a presuntos vínculos entre integrantes del gobierno municipal, referentes políticos y estructuras del narcotráfico. También se mencionan maniobras irregulares relacionadas con la adjudicación de obras públicas, lo que generó sospechas de corrupción.
Tras la circulación pública del audio, la Justicia Federal abrió una investigación de oficio, mientras que desde el ámbito provincial se iniciaron actuaciones a partir de denuncias presentadas por dos concejales opositores, además de informes policiales. En ese contexto, el fiscal Vehils Ruiz planteó una hipótesis firme sobre la existencia de una red delictiva organizada. A partir de ello, solicitó la detención de los principales involucrados: Giménez, Campos y el exsecretario de Hacienda, José Roldán. También apuntó contra la actual legisladora Sandra Figueroa, esposa del exintendente, aunque no pudo avanzar en ese caso por la protección parlamentaria que le otorgan sus fueros. Sin embargo, sus pedidos iniciales fueron rechazados.
En paralelo, en la Justicia ordinaria, la fiscal Mónica García de Targa avanzó con mayor eficacia procesal. En primer lugar, logró que se dictara el procesamiento con prisión preventiva de Giménez, imputado por los delitos de intimidación pública e instigación a cometer delitos. Posteriormente, la fiscal amplió la acusación e incluyó el delito de asociación ilícita, involucrando a otros exfuncionarios: Roldán, el exsecretario de Desarrollo Social Pablo Barrionuevo, el exconcejal Albano Loru y el dirigente gremial José Funez. Todos los mencionados —excepto Funez— permanecen detenidos con prisión preventiva por un período de cuatro meses.
Durante las audiencias judiciales, el auxiliar fiscal Bernardo Sassi explicó que, según la evidencia reunida hasta el momento, los acusados habrían conformado una organización destinada a desviar fondos públicos adjudicados a obras de infraestructura, con el propósito de blanquear dinero supuestamente vinculado al narcotráfico. Esta línea investigativa motivó el pedido de traslado del expediente al fuero federal.
Aunque la solicitud inicial para trasladar la causa fue rechazada, el mismo juez que había denegado la petición terminó por aceptarla luego de convalidar las prisiones preventivas. Este cambio abrió la puerta a que la causa sea absorbida por el fuero federal, debido a la posible comisión de delitos de competencia nacional, como el lavado de activos, la asociación ilícita y la confabulación con fines de tráfico de estupefacientes.
En cuanto a las responsabilidades individuales, García de Targa había notificado formalmente al exintendente Campos sobre su condición de investigado, atribuyéndole los delitos de intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. No obstante, nunca se avanzó con un pedido formal de audiencia de imputación. Algo similar ocurrió con la legisladora Sandra Figueroa, quien figura como firmante de contratos millonarios —por más de 400 millones de pesos— con empresas presuntamente vinculadas a Giménez. Sin embargo, al contar con fueros parlamentarios, aún no se ha iniciado una causa penal en su contra.
Desde el entorno judicial se adelantó que, si se concreta el traspaso definitivo del caso al fuero federal, el fiscal Vehils Ruiz incorporará al nuevo expediente toda la documentación y evidencias reunidas por la Justicia provincial. Una de sus primeras tareas será definir la situación procesal de los imputados detenidos, ya que sus abogados comenzaron gestiones para solicitar su liberación, invocando tanto el eventual cambio de fuero como el tiempo que llevan privados de libertad sin condena firme.
El desarrollo futuro de la investigación estará condicionado a la decisión que adopte el juez federal: si acepta asumir plenamente la competencia, el expediente se integrará a uno de los procesos judiciales de mayor relevancia institucional de la provincia. No solo por la naturaleza de los delitos en juego, sino también por el nivel de compromiso de exfuncionarios públicos y actores políticos que ocupan o han ocupado cargos clave en el Estado.