En medio de las críticas y las solicitudes de explicaciones por el robo de una camioneta oficial, el senador Pablo Yedlin se desvinculó de los hechos y afirmó que las críticas están siendo aprovechadas políticamente.
“La camioneta no es de mi propiedad, pertenece a la Secretaría General de la Gobernación; además, no es la que suelo usar regularmente cuando la Secretaría me presta un vehículo”, afirmó Yedlin durante la inauguración de las nuevas instalaciones del CAPS de Villa Amalia. No obstante, admitió que “algunos miembros de mi equipo de prensa la han utilizado en alguna ocasión”.
El automóvil, un Toyota, que está registrado a nombre de la Secretaría General de la Gobernación, estaba disponible para el senador nacional Pablo Yedlin y fue robado en la calle Corrientes al 1.600.
“Ya hemos presentado una denuncia ante la Policía. Queremos intentar recuperarla, pero ni siquiera es un vehículo de mi propiedad”, añadió Yedlin.
Ante las críticas de los sectores opositores sobre el hecho de que un senador nacional tuviera acceso a un vehículo de la provincia, lo que incluso llevó a solicitar informes en la Legislatura, respondió: “la oposición juega su juego político en épocas políticas, eso se entiende, pero no tiene relación conmigo”.
Días antes, Silvia Pérez, titular de la Secretaría de la Gobernación, había señalado a al diario La Gaceta, que «en ocasiones, los vehículos de la Gobernación se ponen a disposición de funcionarios nacionales, diputados y senadores para llevar a cabo ciertas tareas en la provincia».
El legislador José María Canelada presentó un proyecto para regular el uso de los vehículos de la provincia. En él se establece que estos solo serán utilizados para llevar a cabo tareas relacionadas con la función pública para la cual fueron asignados, durante el horario laboral, y se prohíbe su uso para fines personales, familiares, actividades políticas o electorales.
«Nos avergüenza profundamente saber que el senador Yedlin está usando una camioneta que es pagada por los tucumanos, y que además le hayan robado. Así como en su momento luchamos para que los aviones sanitarios no fueran usados como taxis por el gobernador de Tucumán y para que se utilizaran para personas con problemas de salud, ahora parece que necesitamos regular legalmente algo que debería ser obvio. Los vehículos oficiales no pueden ser utilizados por el Gobierno de Tucumán para sus amigos, y mucho menos en esta situación de crisis económica», planteó el parlamentario tras presentar el proyecto.
En ese sentido, el legislador de la oposición profundizó en la iniciativa. Indicó que el proyecto también establece que los vehículos oficiales deben llevar una identificación adecuada.
«Esto es para evitar que intenten engañarnos y quieran esconder el vehículo en su garaje o pasear con vehículos propiedad de los tucumanos durante la madrugada. Dado que tenemos que reglamentar lo que debería ser lógico, tendremos que hacerlo de manera exhaustiva. Este caso pone al descubierto al menos tres fracasos: el fracaso de ciertos sectores políticos que se consideran dueños de lo que es de todos los tucumanos; el el fracaso de la ética pública en la gestión; y el fracaso, por supuesto, de la política de seguridad que tiene este Gobierno”, manifestó