La administración municipal de Yerba Buena se ha convertido en la primera jurisdicción de la provincia de Tucumán en respaldar y adoptar el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El intendente de la ciudad, Pablo Macchiarola, formalizó esta adhesión mediante la firma del decreto 1.001/23 el pasado viernes, ratificando su compromiso con las disposiciones establecidas a nivel nacional para su implementación en la «Ciudad Jardín». Más allá de sus implicaciones operativas, la decisión del jefe municipal, miembro del sector radical de la Unión Cívica Radical (UCR), representa también un posicionamiento político evidente dentro de este sector de la UCR. Macchiarola forma parte del espacio político liderado por el diputado y ex intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, quien es un referente de Patricia Bullrich en la provincia de Tucumán.
El decreto emitido por el intendente establece que la medida implica la intervención en situaciones de desorden en la vía pública, especialmente cuando se impide el tránsito de personas o medios de transporte, y se realizan cortes parciales o totales en rutas nacionales y otras vías de circulación bajo la jurisdicción federal. Cabe destacar que esta intervención no requerirá necesariamente una orden judicial, ya que se considera un delito flagrante conforme al artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina. No obstante, se subraya la importancia de comunicar de manera inmediata a la autoridad judicial o fiscal competente.
El documento del intendente detalla específicamente que cualquier concentración de personas o colocación de obstáculos que afecte la circulación vehicular, ya sea en calles, rutas o avenidas, está sujeta a esta medida. Asimismo, Macchiarola resalta la necesidad de garantizar el orden y la libre circulación en la ciudad de Yerba Buena, justificando la adhesión al protocolo nacional emitido por la Secretaría de Seguridad de la Nación, en este caso, la resolución N°943/23.
Cabe destacar que, el día anterior a la firma de este decreto, la ministra Bullrich anunció que las cuatro fuerzas de seguridad federales estarán autorizadas para intervenir en casos de cortes de vía pública, como parte de una serie de medidas destinadas a garantizar la libre circulación en espacios públicos.
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