Con el paso de las horas, emergen cada vez más detalles comprometedores sobre presuntas conexiones entre funcionarios del municipio de Alberdi y redes vinculadas al narcotráfico. La Justicia Federal ha decidido profundizar la investigación contra el ex intendente Luis “Pato” Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, motivada por signos que apuntan a la posible comisión de delitos como asociación ilícita, encubrimiento del narcotráfico y lavado de dinero. Entre los elementos que encendieron las alarmas están los bienes acumulados por la pareja y los múltiples viajes realizados por Figueroa a Bolivia, particularmente en años recientes.
Todo se disparó a raíz de la divulgación pública de un audio que derivó en la intervención del gobierno municipal de esa localidad del sur tucumano. En la grabación, cuya autenticidad ha sido confirmada por los involucrados, se escucha una conversación entre Campos y Roque “Chipi” Giménez —quien se presenta como empresario de la construcción— en la que se mencionan actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en la ciudad, manejos irregulares en licitaciones de obras públicas, el control de la fuerza policial local y hasta comentarios sobre la conveniencia de eliminar a personas problemáticas. El audio, grabado el 18 de septiembre de 2024, habría sido captado sin el consentimiento de los interlocutores, lo cual ha sido señalado como un punto clave por sus defensores, quienes cuestionan la legalidad de esa prueba.
Pese a esas objeciones, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz abrió de oficio una causa ante la gravedad de lo que se revela en la grabación. Desde entonces, se ha abocado a la tarea de identificar tanto a los participantes del diálogo como a quienes son mencionados en él. Hasta ahora, se han podido individualizar a algunos, pero la investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
Uno de los nombres que aparecen en el audio es el de José Roldán, quien fue secretario de Hacienda durante más de dos décadas. En la charla, “Chipi” lo acusa directamente de vender drogas a menores. Fuentes judiciales confirmaron que Roldán ya enfrenta dos procesos federales: uno por malversación de fondos, a partir de una denuncia del propio Giménez, y otro por causas relacionadas con drogas, bajo la órbita de la Procelac. Además, su ex colaborador directo, Carlos “Kokoz” Rodríguez, se encuentra detenido en Salta, en relación con un doble homicidio de ciudadanos bolivianos, en un caso que presenta características de ajuste narco.
El escándalo del audio estalló poco después de que en Alberdi se detuviera a dos jóvenes con un kilo de cocaína. Uno de los arrestados fue identificado como Rodrigo Campos —sin lazos familiares con el ex intendente—, pero sí con vínculos cercanos a un exempleado municipal que, según las investigaciones, continuaría cobrando su salario estatal pese a estar radicado en la ciudad salteña de Orán. Según la hipótesis del fiscal, este hecho podría estar relacionado con los demás elementos de la causa, ya que Giménez había señalado a Rodrigo como parte de un grupo que lo intimidaba para que no hablara.
Un aspecto que también captó la atención de los investigadores es la actividad migratoria de los implicados. La Dirección Nacional de Migraciones entregó un informe que detalla los viajes realizados por los mencionados, incluyendo a Giménez y Figueroa. Él habría cruzado a Bolivia en mayo pasado, poco antes del operativo donde se incautó la cocaína, mientras que ella registró múltiples ingresos al país vecino entre 1996 y 2023. Aunque se trata de cruces declarados oficialmente, alimentan las sospechas de la fiscalía.
De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, los involucrados formarían parte de una red que habría actuado para facilitar el tráfico, la tenencia o la comercialización de estupefacientes, delitos contemplados en el Código Penal con penas que van de uno a seis años. Asimismo, se investiga si a través del lavado de activos buscaron dar una apariencia legal al dinero obtenido mediante actividades ilícitas, como narcotráfico o corrupción.
En este sentido, uno de los puntos que más llamó la atención fue el vertiginoso ascenso económico de Giménez. En la audiencia en la que se dictó su prisión preventiva por seis meses, el auxiliar fiscal Bernardo Sassi señaló que se está investigando cómo logró ese crecimiento. Giménez es recordado como un remisero que conducía un Renault 9, pero en sus últimas apariciones en Alberdi fue visto manejando una lujosa camioneta Dodge RAM negra.
Por su parte, Roldán ya se encontraba bajo la lupa por delitos financieros, por lo que no se descarta que su causa se acumule con las nuevas. No obstante, una novedad en esta investigación es que también habrían surgido elementos que vinculan directamente a Campos y Figueroa con operaciones de lavado de dinero. Según datos de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, el ex intendente figura como propietario de cuatro vehículos, entre ellos una Chevrolet modelo 2017. Sobre este vehículo pesa una denuncia de Giménez, quien sostiene que Campos lo habría adquirido con 12 cheques oficiales del municipio para fines personales. La camioneta fue valuada en más de 21 millones de pesos y acumula deudas de patente desde 2020.
A nivel impositivo, Campos sólo tendría ingresos registrados por su cargo en la administración pública provincial y no figura como contribuyente activo en actividades privadas. Además, aparece como presidente del club Social y Deportivo Marapa, una institución que también fue mencionada en la investigación. Según habría declarado “Kokoz” Rodríguez, él fue quien trasladó a Elvio Díaz —también imputado por el doble homicidio narco— hasta Orán, en un supuesto intento de gestionar fondos para esa entidad deportiva.
Respecto a Figueroa, la información oficial revela que posee siete vehículos a su nombre. Sus ingresos declarados provienen exclusivamente de su desempeño como intendenta (2015-2023) y su actual cargo como legisladora. Al igual que su esposo, no tiene registrada otra actividad económica.
En tanto, se informó que el municipio de Alberdi compró 33 vehículos en los últimos años. No obstante, al asumir como interventor, Guillermo Norry señaló que gran parte del parque automotor se encontraba en condiciones muy deficientes, lo cual obstaculizaba el trabajo del personal. Esto ha llevado a los investigadores a suponer que algunos de esos vehículos podrían haber sido entregados a empresas privadas contratadas por el municipio para la ejecución de obras o servicios, algo que también está siendo investigado.