El Senado desestimó el veto presidencial a la Ley de Discapacidad, otro traspié para Javier Milei

En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación resolvió este jueves invalidar el veto presidencial aplicado por Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, logrando 63 votos a favor y apenas 7 en contra. De esta manera, la normativa quedó firme, pese a la insistente presión ejercida por el Poder Ejecutivo para impedir su implementación.

El rechazo al veto se enmarca en una jornada legislativa que, de acuerdo con lo pactado en la última reunión de Labor Parlamentaria, se anticipa extensa y demandante, con una duración prevista de alrededor de siete horas de debate continuo. Cabe señalar que, para avalar el rechazo en la Cámara alta, era indispensable alcanzar el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes, condición que finalmente fue satisfecha.

El camino legislativo de esta ley ya había tenido un episodio clave el 20 de agosto pasado, cuando en la Cámara de Diputados también se decidió rechazar el veto presidencial. En aquella oportunidad, la votación arrojó 172 sufragios afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, en un escenario particular que se volvió posible gracias a que dos representantes de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, aportaron el quórum necesario para habilitar la sesión.

Más allá de la disputa en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Cámara alta se prepara ahora para abordar otro tema sensible: la revisión del marco legal que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Si el Senado da luz verde a la modificación, el proyecto recibirá media sanción y quedará en manos de la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra sobre su aprobación definitiva.

La propuesta de reforma fue presentada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, del bloque Unidad Federal, y apunta a limitar el margen de acción del Poder Ejecutivo en el uso de los DNU. Entre sus principales lineamientos, se establece que cada decreto tendrá un plazo máximo de 90 días para ser avalado por ambas cámaras del Congreso, sin excepción, lo que evitaría que se mantengan vigentes indefinidamente sin control parlamentario.

Asimismo, el proyecto contempla que los decretos deben circunscribirse a un único ámbito temático, lo que impediría al Ejecutivo incluir disposiciones sobre distintos sectores en un mismo instrumento. Finalmente, se aclara que, en caso de que una de las cámaras rechace un DNU, ese simple pronunciamiento será suficiente para dejarlo sin efecto, fortaleciendo así el rol del Poder Legislativo en el contrapeso institucional.