Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, intentó justificar el aumento de su patrimonio durante los últimos 13 años, su estilo de vida y sus frecuentes viajes al extranjero, en el marco de la causa conocida como «Yategate». Según él, estos aspectos pueden explicarse principalmente por los ingresos de su exesposa, Jesica Cirio, junto con otros factores. En su defensa, Insaurralde presentó un escrito ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, tras un pedido de indagatoria realizado por el fiscal Sergio Mola, quien lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Este escrito está siendo evaluado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), bajo la dirección de Sergio Velasco. Hugo Wortman Jofré, presidente de la fundación Poder Ciudadano, actúa como querellante en la causa, promoviendo acciones probatorias. En su defensa, Insaurralde afirmó: «La evolución real de mi patrimonio durante el periodo señalado por el Ministerio Público Fiscal está relacionada con los ingresos legítimos obtenidos en ese tiempo. Las razones que se presentan a continuación demuestran claramente que no ha habido un incremento de mis bienes conforme al artículo 268 del Código Penal». Además, resaltó que su carrera en la función pública, que abarca más de 30 años, ha sido parte de su evolución patrimonial.
La investigación comenzó en octubre del año pasado, durante el período electoral, cuando la modelo Sofía Clerici publicó en Instagram fotos junto a Insaurralde mientras disfrutaban del mar Mediterráneo a bordo de un yate de lujo llamado «Bandido», además de alojarse en un exclusivo condominio en Marbella, cuyo costo superaba los 10 mil dólares por noche. A raíz de esto, se abrió la causa por enriquecimiento ilícito.
Insaurralde también explicó que «considerando mi matrimonio con Jésica W. J. Cirio desde 2014, no se puede omitir la integración de mi patrimonio dentro de una sociedad conyugal. Esta sociedad incluye a una persona que ha tenido y tiene su propia actividad e ingresos que no pueden ser ignorados hasta el momento del divorcio». A lo largo de su presentación, insistió en que «los gastos de ambos miembros de la sociedad conyugal han sido considerados por el Ministerio Público Fiscal para formular su acusación, mientras que los ingresos fueron claramente omitidos».
Por su parte, el fiscal Mola destacó que «los gastos realizados por la Sra. Cirio superarían mis ingresos sin tener en cuenta los suyos», y añadió que «en la misma página se hace referencia a acreditaciones en una sociedad donde soy accionista y a la transferencia de fondos desde esa entidad hacia mí». En su defensa, Insaurralde presentó un análisis de su situación patrimonial año por año, comenzando con 2014, año en que comenzó su sociedad conyugal con Cirio. En relación a ese año, indicó que «se toma en cuenta los gastos comunes pero se omiten los ingresos de ambos socios», y que, pese a que se conocía su matrimonio y se investigaron sus actividades sociales, los ingresos de su esposa no fueron considerados.
En su defensa, Insaurralde también detalló que en 2015, «los gastos fueron cubiertos por los ingresos generados dentro de la sociedad conyugal, no solo por mis aportes», y atribuyó las acusaciones sobre inconsistencias patrimoniales a un análisis sesgado. Aseguró que los datos presentados provienen de las declaraciones juradas ante la AFIP desde 2010 hasta 2023, y explicó que, además de justificar su ecuación patrimonial, ha entregado copias de dichas declaraciones y documentos adicionales como facturas de compra, escrituras de inmuebles y cualquier otra documentación relevante que podría ser solicitada por el juez.
Por último, se reveló en el expediente que Insaurralde gastó en viajes al exterior más del doble de lo que percibía como funcionario, lo que sigue generando dudas sobre la legalidad de sus ingresos y gastos.