En un nuevo capítulo del litigio internacional por la causa YPF, la República Argentina obtuvo una resolución favorable por parte de la Cámara del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. Este tribunal decidió otorgar una suspensión de carácter preventivo que frena temporalmente la orden de traspasar las acciones que el Estado argentino posee en YPF a manos de los fondos demandantes. Esta medida fue adoptada luego de que la jueza federal Loretta Preska, quien lleva adelante el caso, rechazara previamente el pedido argentino de frenar la transferencia.
La suspensión concedida por la Cámara no tiene aún un plazo determinado y se mantendrá vigente hasta que un tribunal que aún debe ser convocado determine una resolución definitiva sobre el pedido de Argentina. En el texto del fallo, se señala expresamente: “Se dispone que el Tribunal conceda una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión”.
Este conflicto judicial tiene antecedentes que se remontan al año anterior. En abril de 2024, los fondos demandantes le solicitaron formalmente a la jueza Preska la autorización para que el Estado argentino transfiera la totalidad de las acciones que aún posee en la petrolera YPF. Esta petición se basó en un fallo previo, emitido en 2023, que condenaba a la Argentina al pago de una compensación por 16.100 millones de dólares, tras ser hallada responsable por supuestas irregularidades en el proceso de expropiación de YPF llevado a cabo en 2012.
Cabe recordar que la magistrada Preska, en una de sus disposiciones más recientes, había ordenado que Argentina debía transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global del Bank of New York Mellon (BNYM), ubicada en Nueva York. Este procedimiento debía completarse en un plazo de 14 días. Una vez finalizada esa transferencia, BNYM tenía la instrucción de derivar dichas acciones a los fondos demandantes o a quienes estos designaran, dentro de un día hábil.
Actualmente, el Estado argentino es titular del 51% de las acciones de YPF, participación que adquirió tras la compra a la empresa española Repsol en el año 2012. Desde entonces, la tenencia estatal ha estado en el centro de controversias legales. Burford Capital, el fondo que ahora encabeza la demanda, adquirió los derechos de litigio originalmente pertenecientes al Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y reclama una indemnización millonaria en concepto de daños y perjuicios.
Ante el riesgo inminente de perder el control accionario de YPF, la Argentina interpuso una apelación con múltiples fundamentos. El Gobierno nacional también dejó en claro que, en caso de que el dictamen no sea favorable en esta instancia, no descarta acudir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para presentar un recurso extraordinario.
Entre los principales argumentos jurídicos presentados por la defensa argentina, se destaca que la orden dictada por Preska contraviene los principios del derecho federal estadounidense, vulnera la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), y desconoce los principios básicos de cortesía internacional entre Estados soberanos.
Asimismo, el equipo legal argentino hizo referencia a la postura manifestada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump, cuando expresó su posición a través de una Declaración de Interés que fue interpretada como un respaldo indirecto a la postura del gobierno argentino.
Finalmente, otro de los puntos centrales que se expusieron en la apelación fue la advertencia sobre lo que se considera un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, es decir, la aplicación de normas judiciales estadounidenses sobre actos soberanos ocurridos fuera de su territorio, algo que, desde la visión argentina, no corresponde ni es legítimo en términos jurídicos internacionales.
Así, con esta decisión de la Cámara, la Argentina gana tiempo en una disputa que no solo involucra cuantiosas sumas de dinero y bienes estratégicos, sino que también pone en juego el alcance del poder judicial estadounidense sobre decisiones soberanas de otros Estados.