La Justicia ha ordenado la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa láctea responsable de la producción de yogures, flanes y otros postres de la reconocida marca SanCor, bajo etiquetas como Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores. Este fallo marca el cierre definitivo de un largo proceso judicial que arrastraba conflictos desde la fundación de la firma, afectando a cientos de trabajadores y a su extensa red de distribución.
Hasta hace aproximadamente dos años y medio, ARSA estaba bajo la administración del grupo Vicentin, que había adquirido la compañía de la cooperativa SanCor en 2016 por US$ 100 millones. Durante los primeros años, también participaron fondos como BAF Capital, ligado a la familia Vicentin. Posteriormente, la gestión pasó a manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes administran La Suipachense a través de Maralac S.A.. Cabe destacar que, a pesar de los antecedentes con Vicentin, ARSA no mantenía vínculo societario con Vicentin SAIC, evitando su concurso en el marco del gigante cerealero del grupo familiar.
El fallo fue dictado por el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial 29, y determina la liquidación total de la empresa, con el cierre inmediato de sus instalaciones. Esto deja a más de 400 trabajadores en una situación de extrema incertidumbre: 180 empleados laboraban en la planta de Arenaza, en Lincoln, Buenos Aires, mientras que otros 200 se desempeñaban en Córdoba, entre la fábrica y el centro de distribución. La compañía contaba además con una red logística que involucraba 165 distribuidores, con llegada semanal a 70.000 comercios.
La decisión judicial se produce tras un concurso de acreedores fallido, iniciado en abril de 2024. Pese a que se mencionaron posibles interesados en rescatar la firma, incluyendo el fondo Inverlat (dueño de Havanna), y los grupos Werthein y CarVal, finalmente ningún oferente concretó la compra, imposibilitando la continuidad de la producción y el mantenimiento de los puestos laborales.
En su presentación ante el concurso, ARSA argumentó que la situación económica del país, con caída del consumo, inflación en aumento y encarecimiento de materias primas y mano de obra, sumado a políticas de control de precios del gobierno anterior, justificaba su solicitud. Sin embargo, expertos de la industria afirman que la quiebra no se explica solo por factores externos, sino por años de gestión ineficiente, incluso calificando la situación como una “quiebra fraudulenta”, ya que el concurso de acreedores no se tramitó de manera completa ni transparente.
El gremio Atilra denunció múltiples irregularidades a lo largo del proceso. Uno de los hechos más críticos ocurrió en mayo, cuando la empresa anunció que suspendería temporalmente sus operaciones para reorganizarse, pero nunca reanudó la producción ni cumplió con sus obligaciones pendientes, acelerando el desenlace de la quiebra.
Los trabajadores denunciaron además sueldos parciales, pagos atrasados y realizados en efectivo, llegando en los últimos meses a percibir solo una cuarta parte del salario correspondiente, pese a trabajar jornadas completas. A esto se sumaron tres años y medio sin aportes a la obra social, lo que generó que muchos empleados se consideraran despedidos antes incluso de la declaración formal de quiebra.
En resumen, la disolución de ARSA refleja un cierre definitivo tras años de conflictos internos y dificultades financieras, con un impacto directo en más de 400 empleados y una cadena de distribución que abarcaba decenas de miles de comercios, mientras que la empresa pasará a un proceso de liquidación judicial bajo supervisión del Juzgado Comercial 29.