El Defensor del Pueblo busca que se frene el tarifazo de EDET

Eduardo Cobos, ombudsman de Tucumán, presentó una demanda colectiva ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia para suspender la suba de tarifas de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET).

Cobos argumenta que la suba de tarifas viola los derechos constitucionales a la información y a la participación ciudadana, ya que el Ersept, organismo regulador de los servicios públicos provinciales, no realizó una audiencia pública previa, sino que solo solicitó una consulta documentada.

“La ley expresa que el Ersept al instrumentar los procedimientos de participación pública debe contemplar que las convocatorias se realicen mediante la suficiente comunicación pública por los medios que entienda necesarios. Sin embargo, no ha existido una debida y eficaz difusión del llamado a la consulta pública documentada. Es bien sabido que el ciudadano medio no lee el boletín oficial. Se ha omitido la difusión en la redes sociales, las páginas propias del Ersept, y no se han utilizado medios radiales ni televisivos. Es decir, el objetivo de garantizar al difusión del llamado no se ha cumplido”, argumenta el Defensor del Pueblo.

Pero, además, cuestiona la celeridad que le imprimieron al trámite las autoridades del Ersept. “Sorprende negativamente la exigüidad de los plazos. Vemos que la resolución se dictó el 14 (de agosto), la publicación (en el Boletín Oficial) se realizó el 15 y el comienzo del procedimiento ocurre a partir del 16. No quedan dudas de que existe una evidente falta de razonabilidad en cuanto a los plazos de antelación y a la posibilidad de que la población tome debido conocimiento con su consecuente posibilidad de participar”, agrega.

Después, indica que, aunque la ley prevé la consulta documentada, esta infringe claramente los derechos constitucionales de los usuarios. Se destaca que no garantiza un debate adecuado sobre el asunto, especialmente cuando el aumento de tarifas podría hacer que algunos usuarios no puedan pagar el servicio.

Más adelante, con pruebas oficiales, Cobos muestra que la convocatoria no atrajo a una gran cantidad de participantes. “Prueba cabal de la disfuncionalidad del sistema de consultas públicas documentadas lo constituye la circunstancia de que en el informe final de la primera etapa de esta resulta que solo se inscribieron EDET (empresa interesada) y la representante de los usuarios en el Ersept, Silvia López (de participación obligatoria)”, ironiza.

Como resultado de todo esto, se solicita que se cancele el proceso y se convoque a una audiencia oral y pública, tanto presencial como virtual. Se argumenta que esto es necesario para evitar un daño inminente e irreparable a los usuarios, quienes corren el riesgo de enfrentar un aumento en las tarifas sin haber tenido la oportunidad de participar en un debate adecuado. Se pide que se ordene la suspensión inmediata de la consulta documentada y de todos los actos relacionados con ella.