El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó que un eventual fallo adverso de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que obligue a la Argentina a entregar las acciones de YPF, resultaría imposible de cumplir para el Ejecutivo nacional. En declaraciones a Radio Nacional, el funcionario abordó la situación judicial derivada de la expropiación de la petrolera y señaló: “Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del Gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa”.
Francos recordó que la normativa vigente establece de manera explícita que “para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial”. En este marco, explicó que la controversia judicial se intensificó el pasado 30 de junio, cuando la jueza Loretta Preska resolvió en contra de la Argentina y ordenó que se entreguen las acciones de la compañía a los fondos Burford Capital y Eton Park como mecanismo de pago de la indemnización fijada en 16.100 millones de dólares más intereses. Frente a esta determinación, la defensa argentina apeló la medida, buscando frenar su ejecución, y logró que el tribunal concediera una suspensión temporal.
Actualmente, el país enfrenta dos procesos de apelación en paralelo: el primero contra la sentencia de primera instancia que impone el pago de la millonaria compensación a Burford y Eton Park, y el segundo vinculado con la orden más reciente de Preska que exige la transferencia del 51% del paquete accionario de YPF que permanece bajo control estatal.
En el escrito presentado para solicitar la suspensión, la defensa argentina argumentó que la jueza excedió el alcance de su jurisdicción y que, en términos prácticos, no existe la posibilidad de expropiar esas acciones. Además de la suspensión inmediata de la entrega, los representantes legales del país pidieron que el tribunal considere una protección cautelar más amplia, que permanezca vigente mientras se analiza en profundidad la viabilidad de otorgar una salvaguarda formal que blinde los activos estratégicos de la petrolera.