El Gobierno nacional ha anunciado el cierre de 155 registros del automotor, un paso más en el proceso de implementación de un sistema único y digital para los trámites de vehículos. En total, ya se han cerrado 320 registros, lo que representa un 20% de los existentes, los cuales, según el vocero Manuel Adorni, no cumplían ninguna función útil más que generar costos innecesarios para los ciudadanos.
Adorni explicó que este proceso busca otorgar mayor libertad a los usuarios, reduciendo la burocracia y los impuestos asociados a los trámites automovilísticos. De acuerdo con el vocero, la medida permitirá a los conductores patentar un vehículo en cualquier registro del país, eligiendo aquel que les ofrezca menores costos, y promoviendo una competencia más libre y transparente.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también destacó que la meta es consolidar un registro único y completamente digital, facilitando procesos como la obtención de la cédula azul a través de la aplicación Mi Argentina, en menos de cinco minutos. Además, mencionó que la iniciativa permitirá que los vehículos 0 km sean inscriptos sin restricciones de domicilio, lo que representa un avance hacia una gestión más eficiente y moderna.
Cúneo Libarona adelantó que en los próximos días se anunciarán más medidas para combatir la burocracia en los registros del automotor. Enfatizó que los registros automotores, durante décadas, fueron utilizados como una herramienta por el sistema para exprimir a los ciudadanos con costos excesivos. Para él, estas medidas representan un paso hacia la recuperación de la libertad de elección de los ciudadanos.
En cuanto a los requisitos para transferir autos usados, el Gobierno ha eliminado varios trámites que implicaban el cobro de impuestos y tasas adicionales, como las relativas a la radicación de automotores y las multas de tránsito de jurisdicción provincial o municipal. Estos impuestos y sanciones pasarán a ser responsabilidad de cada jurisdicción, liberando los registros nacionales de este tipo de cobros. Además, ya no se requerirá el pago de deudas de patentes o multas para poder realizar la transferencia del vehículo, lo que simplifica el proceso y permite que vendedor y comprador acuerden cómo resolver las deudas.
Sebastián Amerio, secretario de Justicia, enfatizó que los gobiernos deberán rendir cuentas sobre los impuestos y tasas que cobran a los ciudadanos, garantizando transparencia sobre el destino de los fondos recaudados. Además, explicó que los convenios existentes entre los servicios de registros y las autoridades locales podrán ser anulados, lo que refuerza la autonomía y la responsabilidad de los gobiernos frente a sus ciudadanos.