El gobierno de Javier Milei oficializó la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. Con esta decisión, las responsabilidades en materia de vivienda y hábitat fueron trasladadas a las provincias, los municipios y el sector privado, dejando de estar bajo la administración del Estado Nacional.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) justificaron esta medida argumentando que la Secretaría presentaba deficiencias en su gestión. Según señalaron, muchas de sus funciones eran ejecutadas a través de tres fondos fiduciarios, entre ellos el Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). De acuerdo con el gobierno, estos fondos habían mostrado fallas en la supervisión, un uso ineficiente de los recursos y resultados limitados, razones similares a las esgrimidas en otras decisiones de disolución de organismos estatales. Un informe publicado por el sitio «Ámbito» indicó que estos programas habían sido objeto de auditorías por parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), en las que se detectaron demoras en la entrega de viviendas y deficiencias en la calidad de las unidades habitacionales, lo que habría impulsado la decisión del gobierno de desmantelar la Secretaría.
Además del cierre de esta dependencia, el gobierno de Milei determinó la eliminación de otros fondos vinculados a la política habitacional. Entre ellos, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, al que la administración libertaria acusó de tener un uso con fines políticos y clientelistas, y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuya disolución ya está en curso.
En lo que respecta a la reorganización administrativa, algunas áreas que dependían de la Secretaría ahora eliminada serán reubicadas. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura pasarán a formar parte de la Secretaría de Obras Públicas, dentro del Ministerio de Economía. Para llevar adelante esta transición de manera estructurada, se ha establecido una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), que se encargará de coordinar el proceso de traspaso de funciones y garantizar que los proyectos en curso puedan continuar sin mayores contratiempos.
Este cambio se alinea con la visión del gobierno de Milei, que pretende reformular la política de vivienda y desarrollo territorial con un enfoque descentralizado, delegando mayores responsabilidades a los gobiernos locales y fomentando la participación del sector privado. La administración libertaria sostiene que este modelo permitirá mejorar la eficiencia y la efectividad en la implementación de soluciones habitacionales.
Cabe destacar que, en su última etapa de funcionamiento, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda también había estado involucrada en la aplicación del Título VII de la Ley N° 27.742, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en colaboración con la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. Ahora, esta tarea será asumida por otras áreas del gobierno.
La disolución de la Secretaría ha provocado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras algunos sectores celebran la reducción de la intervención estatal en materia habitacional, otros advierten sobre las posibles consecuencias negativas de este nuevo esquema, cuestionando si realmente logrará mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones de vida de la población.