En una jornada marcada por la tensión y el descontento, el Gobierno nacional, en su papel de empleador principal del sector público, se presentó este miércoles en la mesa de negociación con los sindicatos de trabajadores estatales sin llevar ninguna propuesta concreta de aumento salarial. Esta falta de ofrecimiento se traduce en una paritaria con incremento del 0%, lo cual generó el inmediato rechazo de las organizaciones gremiales UPCN y ATE, que forzaron un cuarto intermedio ante la falta de avances.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, trabaja bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La reunión tenía como objetivo establecer nuevos acuerdos salariales a partir de junio, considerando que el convenio anterior había fijado una suba del 1,3% mensual para los meses de marzo, abril y mayo, además de un bono extraordinario de $45.000 que debía abonarse junto al salario de mayo. Sin embargo, en esta nueva instancia no se presentaron cifras ni propuestas superadoras.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó su profunda preocupación por la actitud del Gobierno, al que acusó de incumplir con las normativas internacionales de diálogo social establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente el convenio 154. Según sus declaraciones, el Ejecutivo utiliza la negociación colectiva como una mera formalidad para mantener congelados los sueldos del personal del Estado, ignorando las verdaderas necesidades de los trabajadores.
Aguiar también hizo énfasis en las consecuencias sociales de esta situación: “El poder adquisitivo de los empleados públicos ha caído de forma insostenible, y si se altera la paz social, la responsabilidad recae únicamente sobre el Gobierno. Las respuestas concretas a nuestras demandas son fundamentales para evitar mayores conflictos”.
Basándose en estudios realizados por técnicos del INDEC, el sindicato ATE calculó que, para que una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores cubra sus necesidades básicas, el ingreso mínimo debería alcanzar los $1.819.121 mensuales. Esta cifra se desglosa en $630.974 para la adquisición de alimentos esenciales y $1.188.147 para otros bienes y servicios básicos, todo determinado con datos oficiales actualizados.
Es importante destacar que el período de paritarias de la Administración Pública Nacional se extiende desde junio de 2024 hasta mayo de 2025. Durante este tiempo, los aumentos salariales acumulados apenas alcanzaron el 20,8%, mientras que la inflación del mismo período —a falta del último dato oficial— se estima en más del 41%, lo que implica una pérdida significativa del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado.
Situación en el sector privado
La estrategia oficial de mantener controlados los incrementos salariales también se replica en el ámbito privado. Julio Cordero, secretario de Trabajo, ha recibido la orden de no homologar acuerdos que superen un aumento del 1% mensual. Esta directiva, que proviene directamente del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, ha provocado malestar entre sindicatos y cámaras empresarias de diversas ramas.
En particular, el conflicto con el Sindicato de Empleados de Comercio se arrastra desde hace semanas. Armando Cavalieri, su líder, quien en algún momento mostró cercanía con el oficialismo, ahora se opone firmemente a modificar el acuerdo recientemente firmado, que contempla un incremento del 5,4% en tres cuotas trimestrales. A modo de desafío a las imposiciones del Gobierno, el gremio selló esta semana un nuevo convenio para la rama Turismo con los mismos porcentajes y una suma fija de $40.000, que se incorporará al salario básico.
Otro caso tenso es el de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), cuyo secretario general, Gerardo Martínez, adoptó una postura de “alerta y movilización” tras el rechazo de las cámaras empresarias a otorgar un aumento superior al 1%. Aunque Martínez es conocido por su estilo dialoguista y mantiene vínculos con la gestión actual, la falta de avances complica la situación. El último acuerdo en la construcción fue suscripto en febrero e incluyó un aumento del 4,3% escalonado en tres meses, junto con dos sumas fijas no remunerativas.
En paralelo, el gremio de la alimentación, conducido por Rodolfo Daer, también enfrenta resistencia por parte del sector empresario, que se niega a aceptar su pedido de un aumento del 3%, manteniéndose dentro de los márgenes impuestos por Caputo.
Finalmente, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dirigida por Abel Furlán, no logró llegar a un acuerdo en su rama metalmecánica. El sindicato exige una suba del 6% en dos cuotas del 3% cada una, además de un incremento adicional del 5% sobre el sueldo base de abril. La oferta empresarial, sin embargo, fue considerablemente menor: sólo un 2% en dos tramos y un 2% aplicado a la base salarial, lo que dejó las negociaciones estancadas.
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