El Gobierno evalúa debatir el régimen diferencial de Tierra del Fuego | «Curro»

El Gobierno nacional mantiene firme su decisión de avanzar con la eliminación progresiva de los aranceles para la importación de teléfonos celulares, una política que impacta directamente en la actividad industrial de Tierra del Fuego. Esta provincia, históricamente beneficiada por un régimen especial que protege su producción tecnológica, ya ha manifestado su preocupación por la medida. El gobernador Gustavo Melella no sólo expresó su rechazo públicamente, sino que incluso advirtió sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia para frenar la implementación del decreto, el cual podría oficializarse en el Boletín Oficial en las próximas horas.

Mientras tanto, comienzan a surgir los primeros gestos de resistencia en la isla. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los gremios con mayor representación en el sector, inició una huelga indefinida en respuesta a la baja de aranceles, alertando sobre la posibilidad de que el conflicto se profundice. A pesar de esto, desde el entorno libertario del presidente Milei aseguran que la decisión está tomada y seguirá su curso sin modificaciones.

Un funcionario cercano al Gobierno describió la medida como una de las más populares que pueden llevar adelante, destacando su aceptación entre los consumidores. En sintonía con esta postura, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió el recorte arancelario en una reciente conferencia de prensa. Para justificarlo, sostuvo que resulta absurdo que haya argentinos que deban viajar al exterior para comprar un celular, ya que incluso con los costos de pasajes y estadía, el producto termina siendo más barato que en el mercado local.

El nuevo esquema contempla la reducción inicial del arancel del 16% al 8%, que comenzará a aplicarse de manera inmediata este viernes. Luego, a partir del 15 de enero de 2026, se eliminará por completo dicho tributo. Pero la rebaja no se limitará a los celulares: también se reducirá el impuesto interno a electrodomésticos como aires acondicionados y televisores. Para los productos importados, esta tasa bajará del 19% al 9,5%, mientras que para los fabricados en Tierra del Fuego se reducirá del 9,5% al 0%.

Esta es la primera vez que el Gobierno nacional adopta una medida de esta magnitud que incide directamente en el régimen fiscal fueguino. Ni el DNU 70/2023 de desregulación económica ni el proyecto de Ley Bases ni otras propuestas del oficialismo habían abordado hasta ahora esta cuestión de manera explícita.

Sin embargo, desde la Casa Rosada ya se empieza a delinear una nueva etapa en la cual se buscará revisar el régimen promocional que rige en Tierra del Fuego desde hace décadas. “No tiene sentido que todos los argentinos tengan que pagar precios más altos por productos fabricados en una provincia que goza de beneficios diseñados hace más de 50 años”, expresó Adorni en una entrevista, al calificar al sistema como obsoleto e injusto.

Hasta el año pasado, la posición oficial era no tocar el régimen para evitar un impacto directo sobre el empleo en la región. Pero el rumbo cambió. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, reconoció que la modificación del esquema arancelario podría afectar negativamente al mercado laboral en Tierra del Fuego, aunque defendió la decisión como una herramienta clave para mejorar la competitividad general del país. El funcionario sostuvo que es la economía local la que debe buscar formas de diversificarse, en lugar de seguir dependiendo exclusivamente de los incentivos fiscales. A su juicio, el desarrollo turístico debería ocupar un lugar central en la nueva etapa de crecimiento de la provincia.

El diputado libertario Santiago Pauli, uno de los referentes del oficialismo en la isla, cuestionó con dureza a las empresas que operan en la zona, como Newsan y Mirgor. Según el legislador, estas firmas han obtenido ganancias millonarias durante años y ahora deben afrontar un escenario más competitivo. “No somos responsables de si siguen ganando plata o si empiezan a perder”, lanzó, reflejando la falta de disposición del Gobierno para ceder ante los reclamos provinciales.

En los pasillos oficiales, una fuente del círculo libertario dejó en claro que no hay margen para negociaciones con la provincia. “No tenemos nada más que discutir con Tierra del Fuego sobre la baja de aranceles. Fue una decisión tomada con total conciencia”, aseguró. En esa línea, desde el Ejecutivo califican el régimen actual como un “curro”, es decir, un privilegio injustificado.

Incluso el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado al respecto. En su más reciente informe técnico, el organismo criticó los regímenes fiscales especiales como el de Tierra del Fuego, argumentando que generan desigualdades en el sistema tributario argentino y recomendando su eliminación progresiva. Según datos aportados por Fundar, un centro de estudios argentino, el costo fiscal del subrégimen industrial fueguino alcanza los 1.070 millones de dólares anuales, lo que representa aproximadamente un 0,22% del PBI nacional.

Desde la Gobernación de Tierra del Fuego acusan al Ejecutivo de cortar toda instancia de diálogo. “No sólo no nos consultaron sobre esta medida, tampoco responden nuestros llamados. La relación institucional está completamente rota”, afirmaron fuentes cercanas al mandatario provincial. Según Melella, el Gobierno ni siquiera se ha interiorizado en el plan de desarrollo que la provincia diseñó y busca implementar con apoyo financiero para su industria.

El gobernador fueguino ya anunció que recurrirá a la vía judicial si el decreto se publica tal como fue anunciado. En una entrevista radial, Melella expresó su indignación por el trato recibido. “Es una decisión tomada sin argumentos y con violencia institucional. Lo que está en juego son puestos de trabajo reales, no teorías de libre competencia. Ya vivimos esto durante el gobierno de Macri, cuando intentaron hacer lo mismo con las notebooks”, sostuvo.