El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, está desarrollando una estrategia para fomentar el uso de dólares en transacciones cotidianas. Este plan busca incorporar los dólares que los ciudadanos mantienen fuera del sistema financiero formal, conocidos como «dólares bajo el colchón», al circuito económico.
Caputo ha anunciado que se habilitará el pago de bienes y servicios en dólares mediante diversas herramientas, como códigos QR y tarjetas de débito. Según declaraciones oficiales, «se va a habilitar el pago de cualquier cosa en dólares, desde QR hasta tarjeta de débito, mostrás el celular y listo, hoy no podés ir al restaurant y pagar la comida con dólares». La medida será implementada a través de una resolución de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), presidida por Juan Pazo.
El objetivo principal es «remonetizar» la economía, es decir, aumentar la circulación de dinero, en este caso, dólares, para estimular el crecimiento económico. Caputo expresó: «Cada vez van a circular más dólares». Esta iniciativa se suma a un blanqueo anterior que logró incorporar US$ 15.000 millones en depósitos durante 2024.
Sin embargo, la implementación de pagos en dólares ha enfrentado desafíos. Aunque las emisoras de tarjetas estaban preparadas desde septiembre, el Banco Central reglamentó la modalidad recién en enero, y su uso comenzó entre marzo y abril, con una adopción limitada. Una fuente del sector financiero señaló: «No fue mucho, solo algunas empresas, sobre todo de turismo, ventas de paquetes aéreos, viajes».
Además, el Banco Central aún no ha habilitado el pago en dólares mediante códigos QR, lo que ha generado expectativas en las billeteras virtuales. Estas esperaban avances tras la apertura del cepo cambiario, pero desde la entidad aseguran que todavía «no hay nada».
El gobierno busca acelerar la entrada de dólares en un contexto de resistencia de la divisa a bajar a $1.000, dudas sobre la acumulación de reservas y deterioro de las cuentas externas. Las últimas medidas incluyen la apertura del cepo para el ingreso de capitales especulativos, advertencias al sector agropecuario para liquidar exportaciones y la eliminación de retenciones a la industria.
En el equipo económico, se confía en que «van a venir dólares por inversiones y flujos de capitales». Se destaca un incremento de US$ 760 millones en las reservas, aunque el Banco Central atribuye esta variación al aumento del valor del oro. En el mercado, también se observó un crecimiento de los depósitos en dólares en unos US$ 2.000 millones.
No obstante, algunos economistas advierten sobre las limitaciones de estas medidas. Gabriel Caamaño, director de Outlier, explicó que los argentinos no utilizan dólares para transacciones menores debido a la Ley de Gresham, que establece que en un sistema bimonetario, la moneda de menor valor desplaza a la de mayor valor en circulación. «Para que abandones el peso, la moneda tendría que perder mucho valor y cuanto más estable, más se tiende a usar», sostuvo.
Por su parte, Martín Rapetti, director de Equilibra, considera que las posibles medidas pueden servir como un «puente» hasta las elecciones de octubre, pero no cree que provoquen un cambio significativo. «Un empresario accionista de una empresa vende su parte y recibe US$ 100 millones, ¿los pone en un banco o afuera? No veo hoy que la gente tenga dificultades para usar los dólares en el banco», afirmó.
El CEO de JP Morgan, Facundo Minujin, también expresó preocupaciones sobre la competitividad del dólar oficial, señalando que el Big Mac sigue siendo «el más caro del mundo» y que los dólares en el colchón reflejan la falta de confianza. El presidente Milei negó que exista un «atraso» cambiario y afirmó que «conforme saquemos los pesos y lleguen los dólares, les va a doler».
En resumen, el gobierno argentino está implementando medidas para incentivar el uso de dólares en la economía cotidiana, buscando incorporar los dólares no declarados al sistema formal. Sin embargo, enfrenta desafíos estructurales y de confianza que podrían limitar la efectividad de estas políticas.