Los sindicatos estatales se encuentran evaluando un panorama complejo en el que el Gobierno prepara un aumento salarial para mayo, mientras que también se perfilan posibles despidos en la administración pública. Tras un período de congelamiento de salarios en abril, el Ejecutivo planea ofrecer un incremento que se acerque al 8,8% de inflación registrada en abril. ATE y UPCN, los dos sindicatos más grandes, esperan reunirse con funcionarios para discutir el aumento, aunque ya han expresado sus exigencias y preocupaciones.
Por otro lado, los gremios también temen una nueva ola de despidos a fines de junio, cuando finalice la revisión trimestral de unos 57 mil contratos temporales. Esta revisión implica escaneos de características personales y laborales, lo que genera inquietud entre los empleados estatales. A pesar de que el Gobierno ya ha anunciado unas 14 mil bajas en la administración hasta marzo, se espera que continúen las auditorías y despidos, especialmente si se aprueba la Ley Bases en el Congreso, que contempla la privatización de empresas públicas y la disolución de organismos e institutos.
Las posibles cesantías podrían afectar a ministerios fusionados, empresas públicas como Correo Argentino o Fabricaciones Militares, y también se teme por despidos en Trenes Argentinos, cuya reestructuración podría demorarse debido a un reciente accidente en la línea San Martín. En este contexto, el Gobierno se encuentra en una delicada situación en la que debe equilibrar la mejora salarial con la necesidad de reducir el gasto público y optimizar la eficiencia de la administración.