En pleno año electoral, el gobierno de Javier Milei mantiene su enfoque reformista, con varias iniciativas legislativas en el horizonte. Tras haber logrado avances importantes durante las sesiones extraordinarias, como la eliminación de las PASO y la aprobación de leyes en materia de seguridad, el presidente delineó las nuevas prioridades que su administración buscará impulsar en el Congreso de la Nación. Entre las propuestas más destacadas se encuentran un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reformas al Código Penal, una reforma impositiva y un impulso hacia la privatización de empresas públicas.
A menos de un año de haber planteado su proyecto del Pacto de Mayo, Milei subrayó que su gobierno no busca simplemente mantener el poder, sino llevar a cabo transformaciones profundas en el país. El presidente destacó que estas reformas podrían implementarse durante este período legislativo o, en su defecto, a partir de diciembre, dependiendo del resultado electoral. Sin embargo, en un tono más realista, agregó que si el Congreso no respalda sus iniciativas, el gobierno actuaría «solo y a nuestra manera».
Un aspecto importante de su intervención fue su solicitud al Congreso para aprobar un nuevo acuerdo con el FMI. En este sentido, algunos legisladores opositores señalaron que el presidente ya había avanzado en esta dirección con el decreto 846/2024, que flexibiliza los requisitos para el canje de deuda en dólares, lo que facilitaría la situación financiera del Banco Central.
En relación con la seguridad, Milei reafirmó su deseo de avanzar con una «ley de seguridad nacional» que proporcionara mayores herramientas al Estado, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Este proyecto se complementa con los decretos aprobados el pasado diciembre, como el DNU 1112/2024, que amplía las competencias de las fuerzas armadas sin necesidad de recurrir a un estado de sitio, aunque la oposición ha manifestado su rechazo a estas medidas.
En cuanto a la economía, el presidente hizo énfasis en la necesidad de privatizar más empresas públicas, destacando que el Estado no debe reemplazar al sector privado. En este contexto, mencionó las ocho empresas aprobadas para su privatización en agosto, incluida Aerolíneas Argentinas, aunque advirtió que estas privatizaciones aún deben pasar por un debate en el Congreso. Algunos aliados provinciales, sin embargo, se muestran reacios a la privatización de Aerolíneas debido a sus implicancias regionales.
Otro de los ejes de la propuesta de Milei fue la reforma impositiva, que tiene como objetivo reducir significativamente la cantidad de impuestos nacionales, limitándolos a solo seis. Esta medida se acompañaría de una mayor autonomía fiscal para las provincias, permitiendo que cada una fije los impuestos a su criterio, lo que podría generar una competencia fiscal entre ellas y dinamizar sus economías.
En cuanto a la seguridad, además de la ley antimafias, el presidente propuso reformas para el Régimen Penal Juvenil, buscando cambios en las penas para los menores involucrados en delitos graves. También habló de una reforma integral del Código Penal, anunciando cambios en temas como la legítima defensa y las penalidades para los delitos de incendios provocados, entre otros.
Milei también introdujo varias propuestas en el ámbito social y migratorio. Propuso una reforma migratoria para que los inmigrantes en Argentina paguen por los servicios públicos que utilizan y planteó la necesidad de que las universidades cobren a los extranjeros no residentes por su educación, una idea que ya ha generado controversia con las autoridades académicas. Además, criticó las leyes que promueven la paridad de género, solicitando su derogación, una postura que fue aplaudida por algunos de sus aliados.
El discurso de Milei, a pesar de ser considerado un mensaje electoral, no presentó propuestas concretas para abordar problemas sociales urgentes, lo que fue señalado por algunos sectores de la oposición. Esta falta de medidas inmediatas para enfrentar los desafíos sociales podría convertirse en un punto crítico en el debate legislativo, donde los aliados y opositores del gobierno tendrán un papel clave en la definición de las reformas. Al mismo tiempo, la posibilidad de que el presidente recurra a decretos en lugar de esperar el consenso legislativo añade una dimensión de incertidumbre sobre cómo se implementarán estas reformas.