El Gobierno está preparando una serie de anuncios económicos tras la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara de Diputados, con el objetivo de marcar un nuevo rumbo en la política monetaria y enviar un mensaje claro al mercado.

Según el presidente Javier Milei, esta nueva fase se aleja del déficit cero hacia una política de emisión cero y un cambio en el régimen monetario. Milei ha mantenido reuniones esta semana con su equipo económico, incluyendo al jefe de gabinete Guillermo Francos, al ministro de Economía Luis Caputo, y al asesor presidencial Santiago Caputo, para planificar estas medidas junto con la reorganización del Gobierno.

Las medidas incluyen la reducción del impuesto PAIS del 17% al 7,5%, que según Caputo entrará en vigor plenamente para agosto una vez promulgada la norma. También se enfocan en la reestructuración de la recaudación fiscal, destacando la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

El Gobierno sostiene su compromiso con una política monetaria restrictiva y no descarta ajustar la tasa de referencia, después de las reducciones consecutivas impuestas por el Banco Central, que en mayo quedó en 30%. Estas acciones están alineadas con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A pesar de la inflación acumulada, los funcionarios cercanos al Presidente aseguran que no se prevé una nueva devaluación significativa, buscando más bien unificar las brechas cambiarias en el futuro con un mercado más liberado. La estrategia incluye acelerar la desregulación económica y fomentar una competencia de monedas más adelante en su mandato, con la intención de incentivar la inversión de los dólares que actualmente están fuera del sistema bancario.

Además, el Gobierno contempla negociaciones internacionales importantes, como la posible renovación del swap con China por US$5000 millones hasta julio de 2026, así como la espera de desembolsos del Banco Mundial para reforzar las reservas del Banco Central.

En paralelo, el Ejecutivo está trabajando en el decreto 50 para reestructurar el organigrama del Gobierno, con el objetivo de relanzar la segunda etapa de gestión con definiciones estructurales y transmitir una imagen de estabilidad política. Esto se refleja en la decisión de postergar cambios en el Gabinete antes de la votación crucial de la Ley Bases en el Senado, buscando mantener la cohesión y efectividad en la administración gubernamental.

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