Con la finalidad de incentivar la entrada de divisas al país, el Gobierno anunció la reducción de las retenciones al sector agropecuario a 0%, medida que estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que se registren declaraciones juradas de exportación por un total de 7.000 millones de dólares. El impacto en la recaudación fiscal dependerá principalmente de dos elementos: la clase de granos exportados y el volumen total de toneladas que se despachen. Actualmente, el potencial de ventas externas comprende alrededor de 10 millones de toneladas de maíz, equivalentes a unos 2.000 millones de dólares, y 15 millones de toneladas de soja, que representarían 6.300 millones de dólares, lo que deja un total de 8.300 millones de dólares disponibles para liquidar, según el especialista Pablo Andreani.
Aunque se proyecta que el costo fiscal de la medida podría situarse entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, Andreani considera que esta cifra podría ser menor, ya que duda que los productores decidan vender toda la soja disponible. “Para que se vean tentados, la mejora del precio tendría que ser muy significativa”, señaló, subrayando que aún faltan seis meses para la cosecha nueva y que existe incertidumbre sobre el panorama económico posterior a las elecciones de octubre.
El consultor agropecuario Javier Preciado Patiño detalló que la recaudación habitual por retenciones en octubre ronda los 650.000 millones de pesos, y destacó que será fundamental analizar qué tipo de granos se venderán. En caso de que predomine la soja, la cifra sería más elevada debido a la alícuota del 26% aplicada sobre esta oleaginosa. En contraste, la retención para el maíz es del 9,5% y para el girasol del 5,5%.
Tanto Andreani como otros especialistas consideran poco probable que se alcance el objetivo de 7.000 millones de dólares fijado por el Ejecutivo. Dante Romano, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, señala que incluso el recorte de tasas de la FED no fue suficiente para debilitar el dólar y limitar los precios de los granos, aunque proyecta que la liquidación será importante, estimando una pérdida fiscal de entre 1.200 y 1.400 millones de dólares.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) presentó tres escenarios posibles de liquidación: 1) 40% del stock de maíz y 100% del de soja, 2) 60% de maíz y 90% de soja, y 3) 80% de ambos granos. Según sus cálculos, el costo fiscal oscilaría entre 1.460 y 1.600 millones de dólares, lo que representa entre el 0,25% y el 0,28% del PBI. Por su parte, Max Capital estima un impacto de 0,2% del PBI, considerando que la medida implicaría un adelantamiento de 2 a 3 meses de exportaciones, y que la liquidación podría situarse entre 3.000 y 6.000 millones de dólares.
El objetivo del Gobierno, según la consultora, es proteger la estabilidad cambiaria, sosteniendo el esquema de bandas y limitando la pérdida de reservas, que la semana pasada alcanzó 1.110 millones de dólares en solo tres días, aunque esto implique un costo fiscal. Originalmente, el Presupuesto 2026 preveía un superávit primario de 1,5% del PBI para 2025, que podría reducirse a 1,3%, distanciándose de la meta del FMI de 1,6%. En este contexto, las ventas de dólares previstas, que inicialmente oscilaban entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, podrían situarse entre 1.000 y 4.000 millones hasta las elecciones, contribuyendo a desacelerar o incluso detener la pérdida de reservas, dependiendo del éxito de la medida.
Cabe recordar que durante el primer semestre se había aplicado un recorte temporal de retenciones al complejo agroexportador, con un costo fiscal del 0,126% del PBI. A fines de julio, esta reducción se hizo permanente, abarcando productos como soja, girasol, cebada, trigo, maíz, sorgo y carnes, lo que implicó una erogación adicional del 0,055% del PBI según el proyecto de Presupuesto 2026.
En cuanto a la efectividad de la medida para aliviar la presión sobre el tipo de cambio, la consultora Outlier recordó que experiencias anteriores mostraron que un récord de exportaciones no necesariamente redujo el valor del dólar; por el contrario, la mayor oferta generó parte de su propia demanda. Asimismo, advirtieron que, aunque ya se anticiparon ventas en junio y julio, la siembra de la gruesa retrasada por fuertes lluvias podría limitar la efectividad de la medida.
La reacción del sector agropecuario fue en general favorable. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, lamentó que la medida no incluya a la carne, pero destacó que la retención cero para el agro es un reclamo histórico, no un capricho, ya que las retenciones afectan la producción, limitan las inversiones y obligan a controlar fuertemente los gastos. Asimismo, señaló que la medida permite competir en condiciones más equitativas con otros grandes productores de la región.
Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, calificó la decisión como “una sorpresa” y la consideró un reclamo histórico del sector. Aunque destacó que el beneficio tiene fecha límite, sostuvo que puede ayudar a visibilizar que se trata de “un impuesto injusto” para los productores. Finalmente, Gustavo Idigoras, presidente de CIARA-CEC, expresó su apoyo a cualquier medida que elimine las retenciones, aunque sea temporal, destacando que resta conocer los detalles operativos y el momento en que se aplicará efectivamente.