El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el domingo a través de sus redes sociales un paquete de medidas dentro del “Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas”.
Entre otras, una suma fija de $60.000 para los trabajadores de los sectores privado y público. La misma será “pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Es para trabajadores con salarios netos de hasta $400.000 mensuales”, señaló Massa.
Respecto de los empleados del sector privado el total de beneficiados es 5,5 millones de trabajadores. En ese marco, “el Estado asume el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de Micro (100%) y Pequeñas Empresas (50%)”, añadió Massa.
En este sentido, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitieron un duro comunicado titulado “El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias”.
En primer lugar, señalaron que “ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”.
En ese sentido, desde la CAME sostuvieron que “cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto”.
En particular, recordaron que “los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”.
Por último, expresaron que “la injerencia del Estado en la actividad privada no solo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
La respuesta
Tras el comunicado de la CAME, desde el Gobierno señalaron que hay un canal para denuncias que podrán ser anónimas contra empleadores que no abonen la suma fija.
“Más allá de la tarea que le corresponde a los propios gremios, también está la capacidad de fiscalización del Estado, que incluso puede ser por una denuncia anónima”, afirmó la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos.