El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) presentó un análisis sobre los últimos indicadores de pobreza e indigencia publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2025. Aunque el organismo académico reconoció que «se evidencian mejoras», también subrayó la necesidad de que el INDEC actualice las canastas de referencia utilizadas para la medición de la pobreza.
De acuerdo con las cifras oficiales, los índices de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos se habrían ubicado en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente. El ODSA-UCA puntualizó que «estas cifras implican una reducción significativa respecto del 52,9% y 18,1% registrados un año atrás, una baja que se habría concentrado principalmente a partir del tercer trimestre de 2024».
El observatorio interpretó «esta buena noticia» como parte de «un proceso de estabilización macroeconómica, caracterizado por la desaceleración de la inflación y por un menor incremento en los precios de los bienes que integran las canastas básicas de consumo, en comparación con el índice general». En ese sentido, añadió: «Este cambio en los precios relativos alivió el gasto de los hogares más vulnerables y favoreció una recuperación estadísticamente verificable en los indicadores de ingresos y pobreza, frente a la crítica situación de finales de 2023 y comienzos de 2024».
No obstante, el ODSA-UCA introdujo un matiz importante al diferenciar «entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición». Según explicaron, en contextos de gran inestabilidad económica, ya sea por «fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa». Por este motivo, el organismo sostuvo que «un análisis más cuidadoso de la serie estadística oficial sugiere que, aunque la caída de la pobreza es real, su magnitud está sobrerrepresentada».
Entre las razones de esa sobrerrepresentación, el observatorio señaló, en primer término, «una mayor captación neta de ingresos laborales y no laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), derivada tanto de cambios en el cuestionario como de un mejor registro en un escenario de menor inflación. Este avance metodológico, que debe ser valorado positivamente, condiciona, no obstante, la comparabilidad con series de ingresos, indigencia y pobreza previas».
Además, advirtieron que la persistencia en el uso de canastas básicas diseñadas a partir de la estructura de consumo de 2004-2005 constituye otra limitación. En palabras del ODSA-UCA: «a su vez, se explica por la persistencia en la utilización de canastas básicas construidas sobre la estructura de consumo de 2004-2005, no actualizadas a la información de 2017-2018». Esta situación, agregaron, resulta especialmente problemática en el marco de los fuertes ajustes de tarifas y precios regulados durante 2024: «Durante 2024, en un escenario de fuerte recomposición de tarifas y de precios regulados, dicha desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares».
En consecuencia, el organismo académico concluyó: «Y sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social». Para revertir esa situación, consideraron necesario que el INDEC avance en varias direcciones: «Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el INDEC debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas».
Finalmente, el informe enfatizó la importancia de contar con estadísticas que no solo registren avances coyunturales, sino que también den cuenta de los desafíos estructurales que enfrenta el país: «Sólo así se podrá contar con indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina».