Las empresas ya no tendrán la obligación de financiar a las cámaras patronales mediante aportes obligatorios

El presidente Javier Milei, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmó un decreto que modifica la regulación vigente, eximiendo a las empresas de la obligación de financiar las cámaras patronales mediante aportes o contribuciones compulsivas. Esta nueva medida fue publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial, tras la firma de ambos funcionarios, y tiene como objetivo rectificar la interpretación de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004.

Hasta la fecha, las cámaras empresariales utilizaban una interpretación “exagerada” de dicha ley, que les permitía imponer el cobro de aportes obligatorios a las empresas dentro de su sector, independientemente de que estuvieran asociadas o no a esas entidades. Este esquema había permitido a las cámaras cobrar contribuciones de los empleadores, a pesar de que no formaran parte de dichas organizaciones. Fuentes oficiales justificaron la promulgación del decreto argumentando que los acuerdos colectivos de trabajo que estipulaban estos pagos no tenían un sustento normativo válido, lo que dejaba claro que no podían ser aplicados a empresas no afiliadas.

Este cobro compulsivo, que se incluía en los convenios colectivos de trabajo junto con los aportes a los sindicatos, había generado controversia en diversos sectores productivos y de servicios. Un caso emblemático fue el del sector comercial, donde las empresas eran obligadas a pagar cerca de $6.000 millones al mes bajo el concepto de “capacitación”, siendo recaudado por entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Estos aportes representaban el 0,5% del salario de cada trabajador en el sector, lo que en números aproximados equivalía a $5.000 mensuales, afectando a más de 1,2 millones de empleados.

Con la nueva normativa, las empresas podrán seguir contribuyendo de manera voluntaria a sus cámaras respectivas, pero ya no serán obligadas a hacerlo. Además, el gobierno ha señalado que no homologará negociaciones colectivas en las que se siga exigiendo estos aportes. Esta medida busca corregir la interpretación incorrecta que hasta ahora se hacía de los convenios colectivos de trabajo.

La medida de eliminar los pagos obligatorios fue solicitada por varias entidades gremiales empresarias, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam). Además de la controversia en Comercio, este mecanismo de cobro compulsivo también afectaba a otros sectores. Un ejemplo destacado es el de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que exigía un aporte obligatorio del 1% de la masa salarial a las empresas del sector, sin importar si eran miembros de la cámara. Este esquema generaba una recaudación mensual de alrededor de $2.500 millones, con un impacto directo sobre los aproximadamente 250.000 trabajadores del sector metalúrgico.

El decreto del gobierno de Milei pone fin a la obligatoriedad de estos pagos, buscando así una reestructuración en la relación entre las cámaras patronales y las empresas, dando a estas últimas la opción de elegir si desean seguir colaborando de manera voluntaria con las entidades empresariales.