En un contexto de fuerte recesión vinculada a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, el sector privado atraviesa una situación crítica: desde noviembre de 2023 hasta la fecha ya dejaron de funcionar 15.564 empresas, lo que contradice el discurso oficial que se presenta como defensor de la iniciativa privada. Entre los distritos más golpeados se encuentran la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los datos se desprenden de un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande, el cual subraya que en ninguna provincia del país se verificó un incremento en la cantidad de unidades productivas. Incluso en aquellas regiones con actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales —que resultaron menos perjudicadas en comparación con otras ramas— tampoco hubo crecimiento.

En relación con los sectores económicos, el estudio precisa que los únicos rubros que exhiben algún tipo de expansión son los servicios personales y las tareas administrativas y de apoyo, aunque se trata de excepciones dentro de un panorama general negativo.

El propio Instituto sintetizó la situación con una frase contundente: “Milei sostiene que reduce al Estado, pero en la práctica también reduce al sector privado. Hoy hay 15.564 empresas menos en todas las provincias”.

El cierre masivo de compañías vino acompañado de un derrumbe en el empleo formal: desde la asunción del actual presidente se destruyeron 98.800 puestos de trabajo registrados en el ámbito privado. De esta manera, lejos de absorber a los trabajadores despedidos del sector público —más de 50 mil según estimaciones—, las empresas terminaron incrementando el número de desocupados. La construcción y la industria se convirtieron en los rubros más castigados dentro de este escenario.

Desde Argentina Grande remarcaron que no resulta sorprendente que la explotación de recursos naturales sin agregado de valor —modelo alentado por el actual gobierno— no logre compensar la pérdida de empleo en las provincias con fuerte base industrial.

La retórica oficial acerca de la supuesta capacidad del mercado para integrar a los desplazados del Estado queda en evidencia cuando se observan los números concretos: desde diciembre de 2023, la provincia de Buenos Aires perdió 33.156 empleos registrados en el sector privado, mientras que Neuquén, pese al auge de la industria petrolera, apenas consiguió sumar 6.151 puestos.

De esta manera, el esquema económico basado en una apertura excesiva y en actividades extractivas que generan empleo poco calificado termina produciendo un doble efecto: menos puestos de trabajo y un menor nivel de consumo. Esto alimenta un círculo vicioso agravado por la caída constante del poder adquisitivo y las rupturas en las cadenas de pago, lo que profundiza aún más la crisis en el tejido productivo del país.

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