El miércoles pasado, Javier Milei remitió al Congreso un ambicioso proyecto de ley omnibus destinado a una profunda reforma del Estado argentino. El texto abarca reformas sustanciales e imperativas en los ámbitos tributario, laboral, penal, energético y electoral, sirviendo como complemento al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana anterior. Manuel Adorni, portavoz presidencial, explicó en una conferencia de prensa que el propósito fundamental es salvaguardar la libertad de los ciudadanos argentinos.
El comunicado oficial, difundido en redes sociales, revela que el Presidente Javier Milei busca restablecer el orden económico y social basado en los principios liberales consagrados en la Constitución Nacional de 1853. El proyecto, presentado al Honorable Congreso de la Nación, manifiesta la firme intención de emprender de inmediato la lucha contra los factores adversos que amenazan la libertad de los ciudadanos, perturbando el adecuado funcionamiento de la economía de mercado y contribuyendo al empobrecimiento del país. Las reformas propuestas se enmarcan en el contexto de la Revolución de Mayo de 1810 y se presentan como una defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos.
Guillermo Francos, Ministro del Interior, fue el encargado de entregar personalmente el extenso proyecto al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este compendio, que consta de 664 artículos y más de 350 páginas, será debatido en sesiones extraordinarias programadas para enero. En declaraciones previas, Adorni había adelantado el envío de este conjunto de medidas, asegurando que no se realizarán modificaciones al DNU publicado días atrás. La discusión en el Congreso está programada para sesiones extraordinarias entre el 26 de diciembre y el 31 de enero.
El documento argumenta que la actual crisis es resultado de abandonar el modelo de Democracia Liberal y Economía de Mercado establecido en la Constitución de 1853. A lo largo de décadas, se ha avanzado hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada, que, según el proyecto, ha fracasado no solo en Argentina sino en otros países a lo largo de la historia. Para abordar la crisis, se propone la adopción de medidas de emergencia por parte del Congreso, con el objetivo de restablecer la Democracia Liberal y la Economía de Mercado, reformar el Estado para consolidar la estabilidad económica y garantizar los derechos fundamentales de los argentinos.
El proyecto destaca la necesidad de una respuesta inmediata y contundente por parte del Poder Ejecutivo y del Congreso para evitar un colapso económico y la desintegración social. Se plantea la declaración de una emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, con la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo para actuar con rapidez y eficacia en la aplicación de medidas necesarias.
En línea con la propuesta de concentrar la actividad estatal en funciones esenciales, se dispone la privatización de ciertas empresas públicas, con el fin de fomentar la competencia, mejorar la eficiencia económica, reducir la carga fiscal, elevar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión empresarial.
Además, el proyecto contempla la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), argumentando que esta medida devuelve autonomía a los partidos políticos para elegir sus candidatos de la manera que consideren más apropiada. Se sostiene que esta eliminación aliviará al contribuyente de financiar de manera compulsiva la actividad política, considerada esencialmente como un interés particular de un sector de la sociedad.