Dentro de la «Ley Omnibus» conocida como «Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», impulsada por el gobierno de Javier Milei, se incorpora un apartado específico destinado a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades mayoritaria o totalmente propiedad del Estado. En total, se incluyen 41 empresas y organismos, entre las cuales destacan entidades significativas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación (y varias de sus unidades dependientes), Correo Argentino, Enarsa y varios medios de comunicación públicos, incluida la agencia Télam.

El artículo 9 de la mencionada ley faculta al Poder Ejecutivo nacional para llevar a cabo la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en empresas privadas, siempre y cuando no posean la mayoría del capital social necesario para ejercer el control sobre dichas entidades.

Posteriormente, el artículo 37 establece que, con respecto a las privatizaciones mencionadas en el artículo 36, se crearán sociedades anónimas en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá retener una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad. Estas empresas emplean conjuntamente a más de 100,000 personas y, en su mayoría, presentan déficits y reciben cuantiosos subsidios para equilibrar sus balances anuales.

De las 33 empresas controladas por el Estado, excluyendo las del sector financiero, solo siete obtienen ingresos operativos que superan sus gastos, según datos recientes de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda correspondientes al período enero-septiembre de 2023. Durante estos primeros nueve meses del año, el déficit operativo total de estas empresas públicas ascendió a 1,12 billones de pesos, equivalente a unos 4.533 millones de dólares, considerando el tipo de cambio oficial promedio.

La lista completa de las «empresas sujetas a privatización» incluye, entre otras, la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, Empresa de Soluciones Estatales (Arsat), Banco Nación, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, YPF, y varias entidades más que abarcan una amplia gama de sectores y servicios.

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