Paralización completa de la industria electrónica fueguina ante la reducción de aranceles a celulares del exterior

Profundo conflicto en Tierra del Fuego: la UOM paraliza las plantas electrónicas por la eliminación de aranceles a celulares importados

La industria electrónica de Tierra del Fuego atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de que el Gobierno nacional anunciara la eliminación progresiva de los aranceles para la importación de teléfonos móviles. Esta medida encendió la alarma entre los trabajadores del sector y derivó en una respuesta contundente por parte de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lanzó un paro total de actividades en las principales ciudades industriales de la provincia: Ushuaia y Río Grande.

En la capital fueguina, la huelga comenzó este martes al mediodía, cuando los operarios de las fábricas cesaron sus tareas a las 12:00. Con esta medida, el gremio expresó su fuerte desacuerdo con una política que, según advierten, amenaza directamente la estructura productiva instalada en la isla, con impactos negativos sobre la estabilidad laboral y el desarrollo económico regional. La UOM sostiene que esta decisión gubernamental representa un retroceso que podría desmantelar años de avance industrial en el sur del país.

Por su parte, en la ciudad de Río Grande, el conflicto adquirió un tono aún más intenso. Allí, tras una deliberación del Congreso de Delegadas y Delegados de la UOM, se resolvió implementar un paro por tiempo indefinido. Además del cese de actividades en las plantas, la protesta incluyó una masiva movilización de trabajadores hacia el centro urbano, donde se congregaron para expresar su rechazo a lo que consideran una amenaza al futuro del polo industrial fueguino. En esta ciudad, la huelga subraya el énfasis del sindicato en resguardar tanto el empleo como el régimen de promoción que ha permitido el sostenido desarrollo de la industria local.

La raíz del conflicto se encuentra en la decisión oficial de suprimir los aranceles que encarecen la entrada de celulares importados al país. Aunque la medida aún no fue oficializada mediante decreto, trascendió que su implementación sería escalonada. Sin embargo, la sola posibilidad de su concreción genera gran preocupación, ya que podría poner en jaque el régimen especial que desde hace más de medio siglo incentiva la actividad industrial en Tierra del Fuego. Este sistema, prorrogado hasta el año 2053, ha logrado mantenerse vigente a lo largo de distintas gestiones de gobierno y orientaciones ideológicas, pese a su elevado costo fiscal, estimado en más de mil millones de dólares anuales.

En ese contexto, los delegados gremiales de la UOM dieron a conocer un comunicado que circuló ampliamente en los medios fueguinos, en el que señalaron que la situación actual “representa un daño profundo para la industria local, los puestos de trabajo y el derecho de los habitantes a permanecer en esta provincia”. En el mismo documento, los representantes sindicales reafirmaron su defensa del marco legal que respalda al régimen industrial insular, en particular la Ley 26.539, aprobada en 2009, que establece beneficios fiscales y aduaneros para las empresas instaladas en el territorio.

“Nos encontramos ante una encrucijada histórica. No vamos a permitir que más de cuatro décadas de crecimiento y lucha en Tierra del Fuego se derrumben por decisiones que no consideran los intereses de nuestra comunidad”, enfatizó el gremio. En paralelo, la UOM anunció que la medida de fuerza cuenta con el respaldo explícito de su conducción nacional y de todas las seccionales distribuidas a lo largo del país. El sindicato también instó al Gobierno provincial y a las cámaras empresariales a tomar posición y brindar una respuesta concreta, con el objetivo de encontrar una salida que permita preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo.

La reacción empresarial frente a este escenario no se hizo esperar. La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), entidad que agrupa a las principales compañías del sector, expresó su profunda preocupación por la medida del Ejecutivo. No obstante, diferenciaron su postura respecto de otro componente del anuncio oficial: la eliminación de impuestos internos para los teléfonos producidos en la isla, medida que consideran positiva, ya que permite reducir costos locales y aumentar la competitividad.

Desde Afarte señalaron que “la reducción de los impuestos internos era un reclamo que sosteníamos desde hace tiempo, porque nos permite mejorar el costo argentino y ser más competitivos”. Sin embargo, remarcaron que “la eliminación de los aranceles a la importación es motivo de seria preocupación”, y agregaron: “Estamos trabajando junto a toda la cadena de valor, desde el sector obrero hasta el logístico y el comercial, para mantenernos competitivos, pero los efectos no serán inmediatos. Esta medida puede perjudicar gravemente la producción fueguina”.

En la actualidad, la proporción de celulares importados legalmente sigue siendo baja en comparación con los producidos localmente, aunque el contrabando ha ido en aumento. De hecho, según estimaciones de la industria, uno de cada tres teléfonos móviles vendidos en el país ingresa al mercado de manera ilegal. Si bien la reducción arancelaria podría desincentivar el contrabando al hacer menos rentable esa práctica, también se teme que ambos fenómenos –importación oficial y contrabando– se superpongan y terminen agravando la crisis industrial.

En términos de producción, los números de los últimos años evidencian una merma. Durante 2024, se ensamblaron en Tierra del Fuego un total de 5.557.570 teléfonos celulares, cifra que marcó una caída respecto del año anterior. Para el primer trimestre de 2025, los datos de Afarte indican que se fabricaron 1.476.661 unidades, mientras que las importaciones legales totalizaron 20.304 celulares en ese mismo período. En todo 2024, los teléfonos importados sumaron 338.996.

En este contexto tenso y de alta incertidumbre, la industria fueguina se enfrenta a uno de sus mayores desafíos en décadas, en medio de decisiones políticas que podrían redefinir el futuro del enclave tecnológico más austral del país. Mientras tanto, los trabajadores continúan en la calle, defendiendo lo que consideran una conquista histórica que hoy está en peligro.