Con un enfoque dual en la desaceleración de la inflación y las cuentas fiscales, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta en los próximos días una decisión crucial que afectará ambos frentes: la actualización del impuesto a los combustibles.
En el contexto de las negociaciones en el Congreso para avanzar en el aspecto fiscal de la Ley Ómnibus, especialmente con la controvertida subida de retenciones que genera rechazo en la oposición más conciliadora, se contempla la posibilidad de aumentar el impuesto a los combustibles como una alternativa para compensar la falta de avances en el plan oficialista. Sin embargo, incluso si se logra el respaldo necesario, el aumento del impuesto a los combustibles parece inevitable, lo que resultaría en un aumento inevitable en el precio de la gasolina. Esto, a su vez, impactaría en las expectativas de inflación, especialmente en un mes próximo que también verá un aumento en las tarifas.
El impuesto a los combustibles, compuesto por dos tributos de suma fija -el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono-, ha estado congelado durante dos años y medio debido a las sucesivas prórrogas durante la escalada de la inflación. La última postergación, hasta el 1° de febrero de 2024, fue anunciada en noviembre pasado a través de una resolución de la AFIP. Esta situación pone al Gobierno en la encrucijada de decidir la magnitud de la actualización del impuesto, lo que determinará su impacto en el precio final de la gasolina. Aunque la suma fija actualmente asciende a unos $20 por litro entre ambos tributos, representa menos del 3% del precio del combustible, a pesar de que históricamente constituía más del 10% del precio en surtidor.
El dilema para Caputo se intensifica, ya que la situación en el Congreso con las retenciones podría influir en la agresividad con la que se ajusta este impuesto. El ministro ha mantenido reuniones con entidades empresariales para abordar la resistencia a la subida de retenciones, buscando alternativas de ingresos como el impuesto al combustible.
En el ámbito petrolero, se descarta una nueva prórroga, pero la incertidumbre persiste sobre la dirección que tomará la Economía. La velocidad con la que se reajuste el impuesto impactará en la inflación; un ajuste rápido tendría un mayor impacto, mientras que uno gradual significaría menos recursos para lograr el objetivo del déficit cero.
Ya sea a través de un enfoque abrupto o de gradualismo, la necesidad de tomar decisiones sobre este asunto no podría llegar en un momento más inoportuno para Caputo. A pesar de las señales de desaceleración de la inflación en enero, febrero se presenta como el verdadero desafío para el equipo económico, que aspira a un índice por debajo del 15%. Sin embargo, el ajuste en las tarifas de servicios públicos y el transporte, junto con un posible aumento en el precio de la gasolina, podrían comprometer seriamente este objetivo y generar un impacto impredecible en las expectativas inflacionarias. Según cálculos de la industria petrolera, cada aumento del 10% en el precio de la gasolina podría implicar un incremento de 1 punto porcentual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).