El Gobierno argentino ha decidido realizar una reforma al sistema antidumping con el objetivo de facilitar las importaciones de diversos productos y fomentar la reducción de precios en la industria local. Esta reforma trae consigo la modificación de algunos aspectos clave en el proceso, como la reducción de los plazos para la duración de las medidas antidumping y la simplificación de los trámites, que ahora se centralizan en una sola dependencia.

Antes de la reforma, las medidas antidumping podían durar hasta cinco años, con renovaciones ilimitadas. Ahora, el plazo máximo es de tres años, con la posibilidad de una única extensión de dos años adicionales. Este tipo de medidas se aplica cuando un producto importado se vende a un precio más bajo que el de su mercado de origen, lo que genera una competencia desleal para la industria local. Según la Secretaría de Comercio, estas medidas, en muchos casos, se han convertido en derechos adquiridos que, en lugar de proteger la industria, encarecen los productos para los consumidores y los insumos para las empresas.

Por ejemplo, las bicicletas han tenido medidas antidumping durante más de 20 años, lo que ha elevado su precio en Argentina. Productos como planchas eléctricas y calefactores también sufren precios mucho más altos en el país en comparación con otras naciones, como Europa o Brasil. Otros productos, como bombas de agua, multiprocesadoras y ventiladores, tienen tarifas antidumping exorbitantes que elevan el costo de su importación.

La reforma también establece una reducción en el tiempo de las investigaciones previas para aplicar medidas antidumping, que anteriormente podían extenderse hasta 12 meses, y ahora se limitan a 8 meses. Además, se eliminan las renovaciones indefinidas de estas medidas, lo que ayudará a hacer más eficiente el proceso. Ahora, toda la documentación necesaria será gestionada en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), centralizando el trámite y evitando duplicidad de esfuerzos: https://www.argentina.gob.ar/cnce.

En cuanto a la política detrás de esta reforma, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó su opinión crítica sobre las prácticas de antidumping. Según él, el argumento de que el dumping destruye la industria local es una falacia, ya que el mercado global tiene múltiples productores para casi todos los productos. De hecho, las medidas antidumping terminan favoreciendo a los monopolios locales, que tienen libertad para fijar precios más altos, lo que perjudica al consumidor final.

Además, el Gobierno ha tomado otras medidas para facilitar las importaciones, como la decisión de permitir que a través del sistema courier, tanto personas físicas como jurídicas, puedan importar productos con un peso máximo de 50 kilos por paquete, sin importar cuántos envíos realicen en total durante el año. También se han eliminado los aranceles de importación para productos con un valor de hasta USD 400, siempre y cuando el límite de envíos no sea excedido.

En resumen, la reforma busca simplificar el sistema de importación y reducir los precios en productos clave, al mismo tiempo que intenta eliminar prácticas que, en opinión del Gobierno, solo benefician a los monopolios locales a costa de los consumidores.

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