En la jornada de ayer, se llevó a cabo una reunión clave con el gobernador, Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, para informar sobre como se desarrollan las paritarias y las necesidades de los diversos sectores.
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, esta mañana en rueda de prensa habló sobre el final de la primera ronda de conversaciones con los representantes de los trabajadores estatales.
Amado explicó que, debido a la diversidad en los ítems de las boletas salariales, el ministro de Economía se encuentra en Buenos Aires para obtener proyecciones sobre los ingresos adicionales que podrían llegar a la provincia. Esto se basa en las leyes de ajuste fiscal aprobadas por el Congreso, que incluyen tres ítems coparticipables a nivel nacional y que podrían proporcionar un ingreso extra a las provincias.
Estamos evaluando cómo estos ingresos adicionales podrían afectar nuestras finanzas provinciales, además de los recursos obtenidos por impuestos nacionales y provinciales, que son esenciales para cubrir los gastos corrientes, los tres poderes del Estado y el pago de salarios», afirmó Amado.
El Ministro confirmó que la recomposición de los salarios correspondientes a junio y julio se realizará en agosto y septiembre. “La idea es abonar los incrementos de mayo lo más avanzado posible en agosto, y lo mismo haremos en septiembre con una planilla adicional, según lo que determine el área específica de economía,” detalló.
Este será el cuarto ajuste salarial realizado por la provincia. El funcionario provincial anticipó que entre el jueves y viernes próximos, se establecerán conversaciones entre los líderes gremiales y la parte administrativa del Ministerio de Economía. “Una vez que tengamos el informe completo, nos reuniremos nuevamente con los representantes sindicales, probablemente el lunes o martes de la semana que viene, para definir el porcentaje o la suma definitiva que se incorporará a los salarios,” concluyó.
La administración provincial sigue comprometida en su esfuerzo por mantener un equilibrio justo y sostenido en las negociaciones salariales, garantizando así el bienestar de los trabajadores estatales.