Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe contundente sobre la situación en Argentina, generando un fuerte llamado de atención internacional. Este informe, elaborado por el relator Pedro Vaca, advierte sobre el progresivo y veloz deterioro de las condiciones que permiten el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país. En particular, se señala una preocupante intolerancia por parte del Poder Ejecutivo frente a las críticas y los procesos deliberativos propios de una democracia saludable.
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Aunque esta es una de las primeras manifestaciones oficiales provenientes del extranjero, no es, ni de cerca, la única expresión de alarma. Según entrevistas realizadas por el diario La Nación a más de treinta diplomáticos y funcionarios de distintos países, el desasosiego ante la situación argentina se ha ido intensificando desde hace más de un año y medio. La mayoría de estos diplomáticos, representantes de democracias consolidadas tanto de Europa como del continente americano, comparten diagnósticos similares al del informe de la OEA.
Uno de ellos, diplomático de un importante país europeo, manifestó en reserva que los hechos recientes muestran un patrón preocupante de agresiones contra periodistas y voces disidentes. Según él, se teme que Argentina se esté transformando en un terreno de prueba para prácticas que debilitan derechos fundamentales, como el acceso a la información, la protesta social y la libertad de prensa.
Estas percepciones son también comunes entre representantes de organismos multilaterales y fundaciones internacionales con presencia en el país, muchos de los cuales han convocado encuentros confidenciales con periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para escuchar de primera mano denuncias sobre amenazas, ataques verbales y acciones intimidatorias por parte del poder político argentino.
El retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su afinidad con el mandatario argentino Javier Milei, así como los vínculos entre asesores de ambos gobiernos, han reforzado los temores de que se esté consolidando un modelo político que restringe la libertad de prensa. Países que antes representaban un contrapeso frente a políticas autoritarias, hoy son vistos por muchos observadores como impulsores de posiciones extremas, exportando modelos comunicacionales que afectan las garantías democráticas básicas.
Durante estos encuentros, los diplomáticos suelen mostrar su preocupación sin emitir juicios demasiado directos, aunque dejan claro que las inquietudes son serias. En sus diálogos con periodistas, medios y organizaciones civiles, hacen preguntas precisas, toman nota detalladamente, y advierten que remitirán esos informes a sus respectivos gobiernos, asegurando siempre la confidencialidad de los asistentes para evitar consecuencias diplomáticas o políticas.
Lo que más llama la atención de estos encuentros es el carácter catártico que suelen adquirir. Periodistas y activistas, al tener la oportunidad de hablar con representantes extranjeros, relatan una gran variedad de incidentes, desde discursos estigmatizantes por parte del Ejecutivo hasta hechos de violencia concreta en contextos de protesta social. En varias oportunidades, los embajadores han explicado que las democracias modernas entienden la libertad de expresión como un pilar central del orden democrático y que, por tanto, es necesario fomentar el diálogo institucional entre gobiernos y prensa.
Un indicio de la magnitud de la preocupación internacional fue el informe presentado por FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), el cual mostró que en 2024 se han registrado ya 179 agresiones contra periodistas, un incremento del 53% respecto al año anterior. De esas agresiones, el 80% provino de actores estatales o paraestatales. Más de la mitad de los casos relevados implican directamente al presidente Javier Milei, quien ha sido señalado en varias ocasiones por protagonizar discursos hostiles o atacar verbalmente a periodistas a través de redes sociales y medios de comunicación.
Las agresiones no se han limitado al plano simbólico. Casos recientes de violencia física durante manifestaciones —como las que afectaron al reportero gráfico Pablo Grillo— y denuncias penales presentadas por el presidente contra comunicadores y conductores televisivos han generado una oleada de reacciones negativas por parte de observadores internacionales.
A ello se sumó otro factor de alarma: la publicación por parte del periodista Hugo Alconada Mon de un supuesto plan de inteligencia estatal que contempla, como posibles objetivos, a ciudadanos o entidades que simplemente se manifiesten en contra del gobierno. Este hecho, junto con un intento de hackeo a las cuentas del periodista, ha sido registrado con preocupación en embajadas extranjeras, donde se lo considera una amenaza directa a la libertad de prensa y a la privacidad.
De manera paralela, la creciente inquietud por la propagación de campañas de desinformación, muchas veces con origen en entornos vinculados al oficialismo, ha despertado comparaciones con prácticas observadas en regímenes iliberales de Europa Oriental, como el caso de Hungría bajo el liderazgo de Viktor Orban. Algunos expertos han señalado similitudes entre los asesores del presidente Milei y los estrategas de ese país, conocidos por aplicar técnicas de manipulación mediática y control discursivo.
Estas preocupaciones se evidenciaron públicamente en un reciente evento internacional sobre desinformación, organizado en el Centro Cultural Recoleta por varias embajadas europeas y norteamericanas junto con la Unión Europea y FOPEA. Durante ese encuentro, se alertó sobre los peligros que implican las campañas de manipulación informativa y su capacidad para polarizar sociedades y debilitar instituciones democráticas. El embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, advirtió que estas campañas suelen buscar aprovechar momentos de crisis política o electoral para amplificar voces extremistas.
En privado, otros embajadores expresaron su inquietud de forma más contundente, señalando no solo la frecuencia de los ataques verbales desde las esferas oficiales, sino también la existencia de una narrativa de desprestigio hacia la prensa que proviene directamente del poder político y se difunde masivamente en redes sociales.
Todos estos elementos configuran un panorama en el que Argentina ha dejado de ser vista como una democracia plenamente funcional para pasar a ocupar un lugar de atención prioritaria en las agendas de organismos y gobiernos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Cada nueva agresión, cada intento de censura o intimidación, es cuidadosamente documentado y enviado al exterior, con la intención de monitorear lo que muchos ya describen como una regresión democrática en curso.
Finalmente, lo que ocurre en Argentina resuena más allá de sus fronteras. La libertad de expresión, de prensa y los derechos humanos son principios universales, y su debilitamiento en un país con tanta tradición democrática como Argentina enciende alertas en todo el mundo democrático. Las miradas están puestas en el país, no solo por preocupación local, sino por el efecto contagio que estas prácticas pueden tener en otros contextos internacionales.