En una nueva etapa del proceso judicial en Estados Unidos vinculado al escándalo financiero conocido como causa $LIBRA, se introdujo por primera vez el nombre de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente argentino Javier Milei, en un documento legal que amplía la denuncia original. Aunque no figura como acusada ni ha sido formalmente demandada, su mención en la demanda colectiva (conocida como class action) reviste relevancia, ya que se la señala como la persona que habría autorizado el primer ingreso del empresario cripto Hayden Davis a la Casa Rosada, lo que podría constituir un indicio clave en la trama investigada.
El mensaje que publicó y luego borró Javier Milei, promocionando a $LIBRA.
Los denunciantes —inversionistas que alegan haber sido víctimas de un esquema de fraude relacionado con activos digitales— realizaron esta ampliación de acusación este miércoles, sumando pruebas y testimonios al expediente. En el texto de 110 páginas, los abogados a cargo de la acción judicial solicitaron que tanto Hayden Davis como otros implicados en el caso sean llevados a juicio oral y público bajo jurado, enfrentando cargos graves como asociación ilícita, estafa y enriquecimiento ilícito.
Según precisó la periodista especializada en temas judiciales Vanesa Petrillo, los letrados enfatizaron la importancia del papel desempeñado tanto por Karina como por el presidente Javier Milei. Aunque no están directamente imputados en esta instancia, los abogados sostienen que su participación «resulta significativa» dentro de los hechos investigados. Esto, según explican, podría eventualmente dar pie a demandas futuras que incluso involucren al Estado argentino.
Uno de los elementos que los demandantes consideran clave es el efecto que tuvo una publicación del presidente Javier Milei en la red social X (ex Twitter), la cual —según la denuncia— contribuyó a inflar el precio y el volumen de operaciones del activo en cuestión. En este sentido, el apellido Milei aparece citado más de 50 veces a lo largo del documento legal, lo que refleja su peso simbólico y operativo en la causa.
La demanda colectiva, impulsada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, se basa en la Ley RICO de los Estados Unidos, diseñada para combatir organizaciones delictivas estructuradas. Según su interpretación, detrás del token $LIBRA existía una suerte de “empresa criminal” formada por un grupo coordinado de individuos con acceso privilegiado a información y activos digitales, quienes habrían montado una infraestructura sistemática y depredadora para defraudar a pequeños y medianos inversores en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi) sobre la blockchain Solana.
Entre los principales señalados como parte de esta supuesta organización se encuentran Hayden Davis y Gideon Davis, quienes operarían a través de su firma Kelsier Ventures; además del empresario Charles Thomas Davis, el entorno de la plataforma Meteora, y otro individuo identificado como Benjamin Chow.
La evolución de esta causa podría tener repercusiones tanto a nivel político como institucional, sobre todo si se comprueban vínculos concretos entre estas operaciones y actores cercanos al poder político argentino.
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