En el marco de una investigación judicial que involucra al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasil durante el año 2023, el Tribunal de Justicia del país sudamericano resolvió imponerle nuevas restricciones. Entre las disposiciones dictadas por la Justicia se encuentra la obligación de utilizar una tobillera electrónica para su monitoreo constante, así como la prohibición total de acceder a redes sociales. Estas medidas cautelares forman parte de un proceso más amplio en el que se lo investiga por ser uno de los principales instigadores de una trama que habría tenido como objetivo desestabilizar el gobierno del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las actuaciones judiciales incluyeron múltiples allanamientos a la residencia de Bolsonaro, así como operativos llevados a cabo en las oficinas del Partido Liberal, agrupación política que lidera el exmandatario. Según fuentes del medio brasileño Globonews, dichas diligencias estuvieron a cargo de la Policía Federal, que continúa recopilando evidencia en el marco del expediente.
En paralelo a estas decisiones judiciales, el expresidente estadounidense Donald Trump expresó públicamente su apoyo a Bolsonaro. En declaraciones recientes, calificó el proceso judicial contra su par brasileño como una «caza de brujas» y exigió que se anule el juicio. Además, lanzó una advertencia económica al gobierno de Lula, amenazando con la imposición de aranceles del 50% sobre los productos brasileños si no se detiene el proceso contra Bolsonaro.
Esta declaración encendió una fuerte reacción del gobierno brasileño, que no tardó en manifestar su descontento. A través de un comunicado oficial emitido por la Cancillería, Brasil cuestionó con dureza las afirmaciones provenientes tanto de Trump como de miembros del Departamento de Estado y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. En el documento, se recordó que ambos países comparten una relación diplomática de más de dos siglos basada en el respeto mutuo y la cooperación. Por ese motivo, las declaraciones de Trump fueron consideradas inapropiadas y fuera de lugar.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores también se aclaró que Brasil mantiene desde marzo un canal de negociación con Estados Unidos sobre temas arancelarios, con el objetivo de lograr un entendimiento bilateral que favorezca a ambas economías. Sin embargo, el presidente Lula fue tajante en su respuesta ante la amenaza de sanciones comerciales. En declaraciones públicas, afirmó que si Washington avanza con un incremento del 50% en los impuestos a los productos brasileños, él aplicará una medida recíproca. “Si nos cobra el 50%, le cobraremos el 50%. A Brasil se lo respeta”, remarcó con firmeza, dejando en claro que no permitirá presiones externas que interfieran en el funcionamiento autónomo del Poder Judicial de su país.