Una decisión reciente tomada por la jueza federal Jennifer Rochon, perteneciente al Distrito Sur de Nueva York, ha marcado un giro significativo en el caso relacionado con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. A través de una resolución firmada por la magistrada, se ordenó el congelamiento de fondos por un monto máximo de 280 millones de dólares, fondos que se consideran vinculados a las supuestas ganancias obtenidas de forma irregular mediante la emisión de ese token. Además, la jueza exigió la comparecencia de los acusados ante el tribunal dentro de un plazo de diez días.
Este fallo judicial, al que accedió el diario Clarín, responde a una solicitud presentada por los bufetes Burwick y Treanor, ambos con sede en Nueva York, quienes representan a los demandantes en una causa federal contra diversas entidades y personas físicas. Entre los señalados se encuentran las compañías Kelsier Ventures, Meteora, y Kip Protocol, así como los individuos Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow.
Los abogados calcularon que el monto reclamado, equivalente a 280 millones de dólares, refleja las ganancias estimadas que se habrían generado el 14 de febrero, noche en la que se lanzó al mercado el token $LIBRA. Este evento cobró especial notoriedad debido a que el presidente argentino Javier Milei compartió un enlace promocional del token, hecho que, según los escritos judiciales, lo posiciona como un «promotor» (en inglés, tout), al ser considerado una figura clave en la atracción de inversores hacia el proyecto.
Aunque el mandatario ha afirmado que su participación se limitó a difundir el vínculo, la demanda sostiene que su influencia fue determinante en el aumento del interés público, lo que facilitó el ingreso de capitales que posteriormente fueron retirados por individuos ligados al equipo desarrollador del criptoactivo.
En una conversación con el influencer estadounidense Dave Portnoy, el acusado Hayden Davis afirmó manejar aproximadamente 110 millones de dólares en nombre del proyecto.
La resolución judicial fue divulgada públicamente el jueves por la noche a través del sistema electrónico de registros judiciales de EE.UU. A pesar de que un día antes ya se había informado sobre el congelamiento de 57 millones de dólares en la criptomoneda USDC, asociados a dos billeteras electrónicas vinculadas al equipo de Davis, el fallo actual extiende el alcance del congelamiento a una suma mucho mayor y a todos los fondos obtenidos de $LIBRA.
“El tribunal ha instruido a los demandados para que congelen todos los ingresos generados por $LIBRA. Como se estima que las pérdidas de las víctimas superan los 280 millones de dólares, el monto del congelamiento podría alcanzar esa cifra”, señalaron fuentes del estudio Treanor al Clarín.
Ambos estudios presentaron una Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés), solicitando que la empresa Circle —responsable de la emisión de USDC— proceda a bloquear los fondos almacenados en dos billeteras de la red Solana, identificadas como 61y y Defc.
Este episodio también derivó en una disputa legal transfronteriza. Abogados argentinos, Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, también habían solicitado previamente a Circle la inmovilización de esos fondos. Según detalló Rombolá, el 13 de abril se envió un oficio a la jueza María Servini, quien lleva el caso en Argentina, solicitando que gestionara formalmente una petición internacional a Circle mediante exhorto judicial.
No obstante, la medida finalmente se concretó a partir de la acción legal en Estados Unidos, específicamente tras la presentación efectuada el martes 27 de mayo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ya para el día siguiente, los fondos habían sido bloqueados.
Durante esa audiencia, cuya transcripción también fue obtenida por Clarín, la jueza Rochon accedió a congelar los activos debido a los riesgos asociados a las billeteras digitales, que permiten una transferencia inmediata de fondos y pueden dificultar su rastreo y recuperación. Esta orden estará vigente hasta el lunes 9 de junio, fecha en la que los acusados deberán presentarse formalmente ante la justicia estadounidense.
Desde fuentes cercanas a la causa en EE.UU. reconocen que todavía existe incertidumbre sobre cuál jurisdicción tendrá prioridad sobre los fondos en disputa. Por un lado, Oszust y Rombolá representan a casi 50 damnificados, en su mayoría inversores argentinos, mientras que los estudios Burwick y Treanor defienden a más de 200 inversores en el marco de una demanda colectiva o «class action».
En palabras de Treanor: “En términos de prioridad no me imagino cómo podría resolver el tribunal estas demandas concurrentes si hay sentencias en Argentina y en Nueva York. Nuestro deseo es tener una acción en conjunto que también pueda incluir damnificados argentinos, no debería haber conflicto entre grupos de víctimas”.
Cabe destacar que la causa se elevó al fuero federal recientemente, luego de una solicitud de Benjamin Chow, cofundador de Meteora y uno de los acusados, quien pidió trasladar el proceso desde la Corte Suprema del Estado de Nueva York a la Corte Federal del Distrito Sur.
Pese a que la demanda colectiva no incluye directamente al presidente Milei, a su hermana Karina Milei, ni a otros involucrados como Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy, el nombre del mandatario argentino es mencionado en diversas partes del expediente como pieza clave en el inicio del colapso.
Una particularidad de la audiencia que determinó el congelamiento de fondos fue que varios de los acusados aún no han sido localizados. Entre ellos se encuentran Hayden Davis y su familia, a quienes los abogados intentaron notificar por correo electrónico y de forma presencial. De hecho, informaron que realizaron nueve visitas al domicilio de los Davis en Irving, Texas, siendo expulsados por el personal de seguridad con la frase: “Váyanse y no vuelvan”.
Tampoco ha podido ser ubicado Julian Peh, aunque los demandantes al menos disponen de la dirección de la empresa que este último tiene registrada en Hong Kong.