Nepal se encuentra sumido en una de las crisis políticas y sociales más graves de las últimas décadas, marcada por protestas masivas que han dejado un saldo trágico de al menos 19 muertos, más de 300 heridos, numerosos edificios incendiados y la renuncia del primer ministro Sharma Oli, quien estaba al frente del gobierno desde julio de 2024. Este estallido comenzó cuando el Ejecutivo decidió bloquear el acceso a 26 plataformas digitales, incluyendo Facebook, Instagram y X, una medida que, presentada como un intento de “regular” el uso de redes sociales, fue percibida por gran parte de la juventud —especialmente la Generación Z— como un acto de censura. Bajo la consigna #nepobabies, miles de estudiantes y jóvenes salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades del país para manifestar su descontento.
La respuesta del Estado, que incluyó represión, toque de queda y despliegue de fuerzas de seguridad, no logró detener las movilizaciones; por el contrario, provocó una escalada de violencia. Durante los enfrentamientos fueron incendiados el Parlamento, el Tribunal Supremo, la Fiscalía y sedes de distintos partidos políticos, y se registraron ataques a residencias de dirigentes. Entre las escenas más impactantes se viralizó el caso del ministro de Finanzas, Bishnu Paudel, que fue obligado por manifestantes a introducirse desnudo en un río, ejemplificando la magnitud del caos.
Ante la creciente presión social, el primer ministro Oli presentó su renuncia al presidente Ramchandra Paudel, argumentando en su carta oficial que lo hacía ante “circunstancias extraordinarias” para permitir una “solución política constitucional”. Poco después, el ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, también dejó su cargo, denunciando que el Estado había optado por la represión y los asesinatos en lugar de mecanismos democráticos para enfrentar el conflicto.
Estas manifestaciones, que ya se han denominado la “revuelta de la Generación Z”, no solo se originaron por el bloqueo de redes sociales, sino que también pusieron en el centro del debate las acusaciones de corrupción estructural y nepotismo dentro del sistema político nepalí. La crisis provocó una paralización casi total de las instituciones, la suspensión de vuelos en el aeropuerto internacional de Katmandú y puso en evidencia la fragilidad de la gobernanza en el país.
Si bien la renuncia de Sharma Oli representa un desenlace inmediato, el trasfondo es una profunda crisis de legitimidad que afecta a toda la dirigencia política, dejando un panorama abierto e incierto sobre el futuro político y social de Nepal. La situación refleja una combinación de demandas ciudadanas por democracia, transparencia y participación, junto con la incapacidad del gobierno para contener el descontento popular sin recurrir a medidas autoritarias.